Algunas consideraciones sobre la llamada “sentencia basura baruta”.

por | May 23, 2024 | Actualidad

Roberto Hung Cavalieri[1]

1.- Reflexiones generales sobre el caso.

Recientemente en redes sociales venezolanas aparecían referencias y titulares como: Nuevo fallo del TSJ establece que la municipalidad puede “bloquear” a contribuyentes morosos con el aseo[2]”, “Sent. SPA TSJ #2Mayo24 Municipio para garantizar servicio de aseo, puede ejercer acciones administrativas para cobrar deudas, como bloquear portal para declaración tributaria, sin que imposibilidad de declarar en portal sea eximente de responsabilidad para cumplir obligaciones[3]”, o “TSJ ratifica legalidad del cobro del aseo urbano y el bloqueo por parte de las alcaldías[4]”, y otros de muy similar redacción.

¿Pero es realmente así como lo dicen las noticias? ¿Se está “ratificando” la “legalidad”? ¿Es una “sentencia” capaz de imponer algo que realmente no es natural sobre las instituciones jurídicas relacionadas con los servicios públicos? ¿No será que nos encontramos ante un nuevo caso de abierta argumentación falaz y otro abierto “Lawfare” contra la ciudadanía? ¿Es esa “sentencia vinculante”? ¿Especialmente ante situaciones de hecho muy distintas a las que generaron el caso específico? Veamos, y que cada quien llegue a su propia convicción, no, así como ocurre con quienes pretenden imponer con criterios de autoridad lo que no es.

Efectivamente consta que en fecha 02 de mayo de 2024, fue dictado un fallo por la sala político administrativa del tribunal supremo de justicia[5] que se pronuncia sobre un recurso contencioso tributario conjuntamente con amparo cautelar y subsidiariamente con medida cautelar de suspensión de efectos e innominadas contra una multa del servicio de autoridad tributaria de la alcaldía de Baruta y clausura temporal del establecimiento por “incumplimiento de deberes formales referidos a la omisión de presentación de las declaraciones juradas de ingresos brutos de meses del año 2020, incumplimiento que tuviera lugar ante la imposibilidad de efectuar dichas declaraciones y pagos al estar bloqueado el usuario y en consecuencia no podría ingresar a la página de internet dispuesta para tal fin, bloqueo que se sustenta en el no haber sido cumplidas supuestas obligaciones de pago de aseo urbano y domiciliario con un tercero, una sociedad mercantil que tendría un contrato de concesión con dicha municipalidad.

Vista la importancia, no ya de la referida sentencia en sí, la cual como se observará adolece de graves vicios, sino de sus efectos en la población por los titulares que no reflejan la realidad del asunto, ello en cuanto a que los ciudadanos, y más específicamente los funcionarios pudieran creer erróneamente que los municipios pueden bloquear los portales de declaración y pago de impuestos a los usuarios, con lo que se estaría causando daños al fisco municipal en beneficio de terceros, en tal sentido es necesario desarrollar en diferentes apartes los temas de interés relacionados con el caso y la sentencia.

2.- De las “leyes” aplicables.

Antes de pasar a desarrollar los puntos de interés de la sentencia y su utilidad práctica, debe tenerse claro que existe una diferencia entre el ordenamiento jurídico existente en el momento que se impuso la multa y sanción, así como de la interposición de los recursos con el de la decisión de la sala político administrativa, aspecto que no es cosa menor, en especial ante su carácter no vinculante.

En tal sentido, es de interés destacar que los hechos que generaron la actuación y sanción administrativa ocurrieron durante la vigencia de una Ordenanza del Municipio Baruta del Estado Miranda como lo era la Ordenanza sobre Actividades Económicas de Industria, Comercio, Servicios o de Índole Similar del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda del año 2018, la cual si bien fue reformada en diversas oportunidades, para la fecha que se prepara la presente opinión, dicho cuerpo normativo resultó derogado por la publicación de la Ordenanza sobre actividades económicas, de industria, comercio, servicios o de índole similar del Municipio Baruta del Estado Bolivariano de Miranda publicada bajo el Nº 368-11/2023 de la Gaceta Municipal de fecha 21/11/2023[6], es decir con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los estados y municipios, mejor conocida como la “Ley de Armonización Tributaria”[7], que establece entre otras cosas pero en términos muy similares el contenido de la Ley de Gestión Integral de la Basura[8], en cuanto a la determinación de la contraprestación, que más adelante se tratará el tema de si es una tasa, tarifa, o precio, se hará tomando en cuenta “el tipo, características, y cuantía de los residuos y desechos cuya operación involucre[9]

Visto lo anterior, y como se ha referido, si bien en términos generales la Ordenanza hoy vigente, y la que lo estaba para el momento de la multa a que se refiere el fallo de la spa, resultan bastante similares, y entre ellas, la de adolecer de los mismos vicios, jurídicamente al tratarse de normas distintas, las situaciones que hoy se verifican son absolutamente distintas a las del caso decidido, por lo que, entre otros aspectos, en modo alguno podrá pretenderse que exista efecto directo vinculante de la decisión a actuales actuaciones de la administración tributaria, ni en el propio municipio Baruta, y menos aún de otros municipios del país.

De interés es también destacar que la Ordenanza vigente para el momento de ocurrencia de los hechos establecía (art. 23) que “…se deberá exigir dicha solvencia de pago del servicio de aseo urbano para la emisión de cualquier otra autorización o acto administrativo de competencia municipal”, enunciado que para la presente fecha resulta aún más improcedente, en especial ante los enunciados de los artículos 12 y 18 de la Ley de Armonización Tributaria que establecen:

Supresión de obstáculos al desarrollo económico

Artículo 12. Los estados y municipios deberán, a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, identificar y disponer la supresión de requisitos y permisos que limiten, dificulten o tengan por efecto obstaculizar el ejercicio y normal desarrollo de la actividad económica y la iniciativa productiva.

No exigibilidad de las solvencias emitidas por la misma autoridad solicitantes.

Artículo 18. Las autoridades estadales y municipales no podrán exigir la presentación de solvencias de cualquiera de las obligaciones tributarias para la realización de trámites que se lleven a cabo en sus mismas dependencias, cuando éstas deban ser emitidas por el mismo organismo.

Como puede inferirse sin mayor ejercicio cognitivo, resulta más que evidente que si mal puede una administración municipal exigir solvencias de sus propios servicios para la tramitación de otras gestiones, menos aún puede exigirla respecto de otros conceptos y de terceros ajenos, tema este del que hablaremos más adelante.

3.- Aspectos de interés de la decisión y su motivación.

De la lectura de la dispositiva de la decisión, puede resumirse que son cuatro los puntos o argumentos en que se basó el recurso en su mérito a saber: (i) Incongruencia Negativa; (ii) Silencio de pruebas, (iii) Falso Supuesto, (iv) Eximente de responsabilidad por causa no imputable al contribuyente, ya que se indicó que no se efectuaron las declaraciones y pagos por estar “bloqueada” la página para hacerlo.

 De manera muy breve observamos la motivación de la decisión:

(i) Sobre la Incongruencia Negativa.

La sala afirma que la sentencia apelada no adolece del vicios de  negativa, indicando que el servicio de aseo urbano es de gran importancia en “los actuales momentos en los que se vive una situación de seguridad sanitaria de gran magnitud” y “que toda la colectividad está en la obligación de colaborar con la higiene, la salud y la vida, a través del pago del servicio de aseo urbano”, en razón de lo cual ese “condicionamiento arbitrario de la efectiva satisfacción y pago de los pertinentes deberes tributarios municipales al pago previo del aseo urbano”,  … “si bien es cierto que la Jueza falló en contra de la accionante, también es cierto que las sanciones impuestas a la contribuyente son una consecuencia jurídica del incumplimiento de sus obligaciones tributarias…”

(ii) Sobre el Silencio de pruebas.

La decisión indica que, si bien hubo algunas omisiones en la decisión apelada, no todas las omisiones constituyen vicios de la sentencia, desechándose así el argumento de silencio de pruebas y desechando las denuncias relativas al vicio de incongruencia negativa por omisión de pronunciamiento y por silencio de pruebas.

(iii) Sobre el Falso Supuesto.

La sala consideró “acertada la sanción de multa impuesta por parte del Fisco Municipal a la contribuyente, por cuanto dicha sanción es la consecuencia jurídica establecida en la Ley, la cual debe ser aplicada por el órgano exactor al momento de incurrir en la falta establecida en la norma”.

(iv) Sobre la eximente de responsabilidad por causa no imputable al contribuyente.

En cuanto a la eximente de responsabilidad por causa extraña no imputable que sería el bloqueo de la página, la sala indicó que “la mencionada defensa no fue opuesta en la oportunidad procesal correspondiente, a saber, en la interposición del recurso contencioso tributario, sino en el acto de informes acaecido ante el Tribunal de instancia”.

En efecto este es un aspecto esencial en la conclusión a la que se ha de arribar sobre este fallo que sometemos a examen y es que en efecto el hecho que se desee cumplir con la declaración y pago de obligaciones tributarias cuyo patrimonio tiene como destino el tesoro municipal y ello no sea posible porque la propia administración tributaria sea la que “restrinja” y “bloquee” es posibilidad, se está ante una causa extraña no imputable al contribuyente ya que al haber sido la propia administración la que causó dicha limitación de manera automática sin proceso alguno, es la responsable por dicha situación, en especial al verse restringido el tesoro municipal de esos ingresos.

Dicho lo anterior, y visto que de manera astuta para no ahondar en el pleno desarrollo de esa excepción que es perfectamente valida en derecho, aprovechó que esos argumentos no fueron presentado con la interposición del recurso es de advertir y recomendar tanto a contribuyentes como sus asistentes jurídicos, oponer en la primera oportunidad que sea posible no solo la excepción por causa extrañas no imputables, sino también la responsabilidad personal administrativa, civil, y hasta penal de los funcionarios que incurran en esas prácticas.

4.- Entre tasas, tarifas, y precios públicos.

Como no es difícil de advertir, el tema de la delimitación del alcance de lo que son las tasas, tarifas y precios públicos, son de vital importancia en la definitiva resolución, del caso, no en vano, la propia sentencia hace referencia a las más importantes decisiones del tribunal supremo, que aunque se refieren y reciclan entre sí recíprocamente, sin mayor desarrollo y de manera acomodaticia son utilizadas como criterio de autoridad para un supuesto absolutamente diferente a los que fueron conocidos en los casos que fueron decididos, veamos:

En efecto los antecedentes de las salas político administrativa y constitucional que han desarrollado de manera más amplia el tema de la definición y desarrollo d ellos que son las tasas, las tarifas y los precios públicos:

De la sala político administrativa:

1.- Caso: DHL Fletes Aéreos. Sent. No. 01002 del 5 de agosto de 2004[10].

2.- Caso: Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A. (DEPORCA). Sent. No. 1129 del 27 de junio de 2007[11].

3.- Caso: Taurel & Cia Sucursales, C.A. Sent. No. 00237 del 29 de marzo de 2023[12].

De la sala constitucional.

4.- Caso: Jairo José Aranguren Piñuela. Sent. No. 02166 del 14 de septiembre de 2004[13].

5.- Caso: Aeropostal Alas de Venezuela. Sent. No. 1345 del 13 de agosto de 2008[14].

Como se indicara, si bien esas sentencias en efecto son las que desarrollan esa naturaleza particular y alcance de los que diferencia una tasa, de una tarifa y un precio público, en modo alguno motiva su decisión sino que simplemente se conforma con señalar que sobre ese tema de la naturaleza jurídica existe un criterio jurisprudencial acogido de manera pacifica y reiterada, concluyendo de manera falaz, en abierta incurrencia en petición de principio, que se está ante un precio y no una tasa, básicamente refiere el fallo:

Sobre la naturaleza jurídica de dicha tarifa, el criterio jurisprudencial acogido de manera pacífica y reiterada es que dicho importe se trata de un precio y no una tasa, el cual se ratifica en esta oportunidad. (Vid., sentencias de esta Sala Político-Administrativa Nros. 01002 del 5 de agosto de 2004 caso: DHL Fletes Aéreos; 1129 del 27 de junio de 2007, caso: Almacenes y Depósitos Integrales Portuarios, C.A. (DEPORCA); 00237 del 29 de marzo de 2023, caso: Taurel & Cia Sucursales, C.A. y de la Sala Constitucional Nros. 02166 del 14 de septiembre de 2004, caso: Jairo José Aranguren Piñuela; y 1345 del 13 de agosto de 2008, caso: Aeropostal Alas de Venezuela.

Ante la conveniente y acomodaticia vaguedad en que se presenta el fallo analizado, que bien merece traer a discusión algunos elementos silenciados de los antecedentes judiciales desde los que se extrae que, si bien el concepto de tasa se identifica plenamente con una naturaleza tributaria en un lado del espectro de las contraprestaciones por servicios, y en el otro extremo del espectro el de precio, la noción de tarifa estaría ubicada en una fase intermedia.

Así las cosas, las tasas serán todas aquellas contraprestaciones que se pagarían en casos de prestaciones obligatorias, mientras que los precios, y en especial los de precio público son el producto de la voluntad de contratantes, quienes libre y voluntariamente lo acuerdan, quedando el ciudadano en libertad o no de aceptar o no, peor lo que es absolutamente inaceptable es que se pretenda exigir a alguna persona pagar un precio público de manera obligatoria.

Especial atención merece la que podemos identificar como la sentencia líder en materia de determinación de la naturaleza jurídica de las tasas, tarifas y precios públicos, como lo es la decisión del caso DHL Fletes Aéreos[15], en la que como se ha señalado si bien es referida por la “sentencia basura baruta”, de la misma se extraen consecuencias absolutamente distintas, y es en ese sentido que bien merece que transcribamos algunos de sus párrafos para así ir armando nuestro criterio.

Seña la sentencia:

El servicio público puede ser definido como la actividad administrativa de naturaleza prestacional destinada a satisfacer necesidades colectivas de manera regular y continua, previamente calificada como tal por un instrumento legal, realizada directa o indirectamente por la Administración Pública y por tanto, sometido a un régimen de Derecho público. (José PEÑA SOLÍS. “La Actividad Administrativa de Servicio Público: Aproximación a sus Lineamientos Generales”, en “Temas de Derecho Administrativo. Libro Homenaje a Gonzalo Pérez Luciani”. Vol. I. Tribunal Supremo de Justicia. Colección Libros Homenaje nº 7. Caracas, 2002. Pág. 433).

Los servicios públicos contienen una serie de elementos que los caracterizan, entre los que están la actividad prestacional, la satisfacción de necesidades colectivas (o la vinculación al principio de la universalidad del servicio), la regularidad y continuidad del servicio, la calificación por ley de la actividad como servicio público (publicatio), la gestión directa o indirectade la Administración Pública, y su consecuencial régimen de Derecho público.

Resulta toda una obviedad que en el caso del aseo urbano, más allá de las disposiciones legales sobre la materia que luego observaremos, estamos ante un servicio público.

Continúa la sentencia:

En este orden de ideas, el Estado no pierde su condición de gestor de la prestación de los servicios públicos y de interventor en los casos en que el interés general lo amerite. No en vano, BREWER CARÍAS al señalar la noción de servicio público aclara que los particulares no tienen derecho a desarrollarlas libremente. (Allan R. BREWER CARÍAS. “El Régimen Constitucional de los Servicios Públicos” en “VI Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo”. Ob. Cit. Pág. 23). Por tanto, a juicio de esta Sala Político Administrativa Accidental los particulares detentan el derecho a prestar un servicio público que ha sido dado en concesión, pero el Estado no puede desvincularse de tal situación, sino que, por el contrario, en el marco del Estado Social y Democrático de Derecho y de Justicia, consagrado en el artículo 2 de la Constitución, este debe ser vigilante de cómo los particulares prestan tales servicios y así regular y controlar dicha gestión.

Ya adentrándonos al tema del pago de la contraprestación, señala la misma sentencia líder de manera meridiana:

“… La doctrina diferencia en torno al pago que hacen los particulares a quien preste un servicio público no inherente a la soberanía del Estado –como lo sería el de correo, por ser éste susceptible de ser concedido a particulares-, entre las figuras del precio público y el precio privado, para diferenciarlo de la tasa o contribución que se paga por el servicio prestado directamente por el Estado en virtud de su potestad tributaria. En este mismo sentido se pronuncia el profesor PEÑA SOLÍS al señalar que “En general se admite que la tarifa carece de naturaleza tributaria, motivo por el cual no puede ser conceptuada ni como un impuesto, ni como una tasa, sino como un precio, que generalmente es denominado público, atendiendo a los mecanismos de su fijación”. (PEÑA SOLÍS, José “La Actividad Administrativa de Servicio Público…” Ob. Cit. Pág. 464). (Énfasis añadido).

Así, estima esta Sala Político Administrativa Accidental que las prestaciones que realizan los particulares en retribución de un servicio tienen siempre la naturaleza jurídica de un precio, ya sea que el servicio se preste por un particular o por el Estado EN RÉGIMEN DE LIBRE COMPETENCIA. Lo que el Estado percibe como contraprestación del bien que suministra en su calidad de prestador de un servicio no puede tener jurídicamente otra naturaleza que la del precio, idéntica a la de los precios que el consumidor paga a un productor de servicios privado.” (Destacado en negrilla y mayúsculas de esta opinión)

Para ahondar aún más en el tema, prosigue la decisión indicando:

Este criterio ayuda a distinguir y distanciar los conceptos de tasa y precio. Para la doctrina uruguaya la fuente de creación de cada una de ellas basta para separar una figura de la otra, señalándose que la ley crea la tasa mientras que el acuerdo de voluntades hace nacer el precio (Ramón VALDÉS COSTA. “Curso de Derecho Tributario. Ediciones Depalma. Marcial Pons. Editorial Temis. Santa Fe de Bogotá, 1996. Pág. 141). (…)

Para ubicarnos más cercanamente a nuestro caso de interés como lo es el caso de la prestación de servicio público de aseo urbano y de como la “sentencia basura baruta” incurriendo en abierta petición de principio, así como otras falacias y vicios, para hacer más ejemplarizante el ejercicio intelectual, tomamos en cuenta los supuesto de hechos generales de la sentencia líder como los es DHL Fletes Aéreos, y nos resultará completamente lógico y racional que en atención a que dicho servicio puede ser prestados bien por el estado a través de IPOSTEL, pero también mediante otros terceros privados como lo es DHL, pero muchos otros más, el usuario puede hacer uso del servicio o no libremente, y en caso que así lo haga, pagar el correspondiente precio por tales, pero lo que es a todas luces ajeno y contrario a toda lógica y al derecho que se le pretenda cobrar por un servicio que ni contrató, ni haga uso de él, y que además se pretenda sea obligatoria.

Indebidamente la “sentencia basura baruta” pone en un idéntico plano, cuando no lo son, ni la naturaleza de la prestación de los servicio públicos de correo, que también sería asimilable el de los de comunicaciones como telefonía, radios y televisión, que perfectamente pueden ser prestados por terceros privados que estén habilitados para ello, con el de aseo urbano y domiciliario, que está íntimamente ligado con saneamiento y derecho a la salud, obviando que solo puede hablarse de “precio”, o más precisamente de “precio público” en el caso de servicios públicos cuando tales prestaciones son ejecutadas como lo destaca la propia sentencia líder DHL Fletes Aéreos en condiciones de ”Libre Competencia”, todo lo cual está reñido a exacciones obligatorias.

Tomado como ejemplo los supuesto de hechos relacionados con la sentencia líder, imaginémonos solo por un instante que a cada ciudadano por el potencial que tiene de escribir cartas y correspondencia, le sea exigido el pago mensual equivalente a enviar 20 cartas, y que si no paga, se le imponga una multa equivalente al porteo de 100 cartas, y que además se le prohíba, se le “bloquee” el uso del transporte públicos, como el metro o autobús, o pasar por un peaje, o comprar un bien hasta tanto no pague dicha deuda con ese importante servicio públicos, o en el caso más extremo, se le restrinja el ser atendido en un centro de salud.

El ejemplo anterior, si bien pudiera sonar fantasioso, irreal e ilógico, en su construcción no es en realidad muy distinto a los supuestos de hecho que dieron lugar a la “sentencia basura baruta”, tan es así que perfectamente puede hacerse uso de su motiva para justificar que pueda prohibirse hacer uso de algún servicios sin que se pague el equivalente a esas 20 piezas de correspondencia de las que seríamos potenciales escritores según la autoridad, o el servicio de energía eléctrica, o de agua corriente, o de policía, o de vacunación, y tantos otros, observemos:

Señala la motiva de la “sentencia basura baruta”:

 Al ser así, debe esta Alzada señalar que no se observa en modo alguno que la decisión adolezca del vicio de incongruencia negativa, habida cuenta que la sentencia de instancia estableció la relevancia que tiene el servicio de aseo urbano en los actuales momentos en los que se vive una situación de seguridad sanitaria de gran magnitud.

En tal virtud, a juicio de este Supremo Tribunal en la sentencia dictada por el Juzgador de la causa no se configura el vicio de incongruencia negativa, pues se evidencia que el Tribunal a quo, sí se pronunció sobre el alegato expuesto por la recurrente.

En lo que respecta “al condicionamiento arbitrario de la efectiva satisfacción y pago de los pertinentes deberes tributarios municipales al pago previo del aseo urbano” considera esta Superioridad, que si bien es cierto que la Jueza falló en contra de la accionante, también es cierto que las sanciones impuestas a la contribuyente son una consecuencia jurídica del incumplimiento de sus obligaciones tributarias, y tal como lo indicó el a quo, que toda la colectividad está en la obligación de colaborar con la higiene, la salud y la vida, a través del pago del servicio de aseo urbano.

Por lo tanto, se evidencia que la sentencia apelada administró justicia, apreció, valoró y resolvió la correspondiente relación jurídico procesal, motivo por el cual se desestiman las denuncias formuladas por la representación judicial del contribuyente en tal sentido. Así se declara.

Pudiera también entonces esa motivación perfectamente ser utilizada en cualquier otro caso bastando únicamente incluir el servicio de nuestra preferencia y la actual situación en la que se encuentre la calidad de su prestación y de esa manera motivar, falazmente, pero motivar, en fin, esa decisión:

Hagamos el ejercicio mental:

Al ser así, debe esta Alzada señalar que no se observa en modo alguno que la decisión adolezca del vicio de incongruencia negativa, habida cuenta que la sentencia de instancia estableció la relevancia que tiene el servicio de (____________ INCLUIR EL SERVICIO PÚBLICO DE SU PREFERENCIA ___________) en los actuales momentos en los que se vive una situación de (______ INDICAR LAS ACTUALES CONDICIONES EN QUE ESTÁ SIENDO PRESTADO _______) de gran magnitud.

En tal virtud, a juicio de este Supremo Tribunal en la sentencia dictada por el Juzgador de la causa no se configura el vicio de incongruencia negativa, pues se evidencia que el Tribunal a quo, sí se pronunció sobre el alegato expuesto por la recurrente.

En lo que respecta “al condicionamiento arbitrario de la efectiva satisfacción y pago de los pertinentes deberes tributarios municipales al pago previo del aseo urbano” considera esta Superioridad, que si bien es cierto que la Jueza falló en contra de la accionante, también es cierto que las sanciones impuestas a la contribuyente son una consecuencia jurídica del incumplimiento de sus obligaciones tributarias, y tal como lo indicó el a quo, que toda la colectividad está en la obligación de colaborar con la (______ INDICAR CUALQUIER FINALIDAD QUE SE LE OCURRA _______), a través del pago del servicio de (____________ INCLUIR EL SERVICIO PÚBLICO DE SU PREFERENCIA ___________).

Por lo tanto, se evidencia que la sentencia apelada administró justicia, apreció, valoró y resolvió la correspondiente relación jurídico procesal, motivo por el cual se desestiman las denuncias formuladas por la representación judicial del contribuyente en tal sentido. Así se declara.

Como se observa de esa motivación de la sentencia, que puede acomodaticiamente ser utilizada para cualquier situación imaginable en la cual sin motivación real algún a se configura el vicio lógico de petición de principio o círculo vicioso, un tipo de falacia lógica en la que la premisa inicial que se presenta como verdadera requiere la aceptación de la conclusión que se está tratando de demostrar, es decir, se asume como cierta la afirmación que se intenta probar, lo que lleva a un razonamiento inválido y en consecuencia decayendo dicha motivación, lo cual hace esa decisión un acto completamente falaz.

5.- La naturaleza real del servicio de aseo urbano a la luz del ordenamiento jurídico venezolano.

 Debemos a los fines de acercarnos al convencimiento personal de la verdadera situación de la prestación del servicio de aseo urbano, hacer una lectura del mismo con los enunciados de los diversos artículos relativos a las contraprestaciones correspondientes al servicio de aseo urbano, todo lo cual simplemente obvia la sentencia observada, y en tal sentido observamos:

Del texto constitucional:

Artículo 178. Son de la competencia del Municipio el gobierno y administración de sus intereses y la gestión de las materias que le asigne esta Constitución y las leyes nacionales, en cuanto concierne a la vida local, en especial la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria con criterios de equidad, justicia y contenido de interés social, de conformidad con la delegación prevista en la ley que rige la materia, la promoción de la participación, y el mejoramiento, en general, de las condiciones de vida de la comunidad, en las siguientes áreas:

(…)

4. Protección del ambiente y cooperación con el saneamiento ambiental; aseo urbano y domiciliario, comprendidos los servicios de limpieza, de recolección y tratamiento de residuos y protección civil.

De la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Artículo 56. Son competencias propias del Municipio las siguientes:

(…)

2. La gestión de las materias que la Constitución de la República y las leyes nacionales les confieran en todo lo relativo a la vida local, en especial, la ordenación y promoción del desarrollo económico y social, la dotación y prestación de los servicios públicos domiciliarios, la aplicación de la política referente a la materia inquilinaria, la promoción de la participación ciudadana y, en general, el mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad en las áreas siguientes:

(…)

d. La protección del ambiente y la cooperación en el saneamiento ambiental; la protección civil y de bomberos; y el aseo urbano y domiciliario, incluidos los servicios de limpieza, recolección y tratamiento de residuos.

Artículo 64. A los municipios les corresponde la protección del medio ambiente

y de la salubridad pública, el suministro de agua y el tratamiento de las aguas

residuales, así como el respeto y garantía de los derechos ambientales de los

vecinos. Los municipios serán convocados para que participen en la formulación

de la política nacional o estadal en materia ambiental.

La administración municipal tendrá a su cargo la gestión de la materia de los residuos urbanos y de las aguas residuales, la intervención contra los ruidos molestos, el control de las emisiones de los vehículos que circulen por el ámbito municipal, así como el establecimiento de los corredores de circulación para el transporte de sustancias tóxicas o peligrosas.

(…)

Artículo 68. La ley estadal respectiva determinará los servicios públicos mínimos que cada Municipio deberá prestar de manera obligatoria, atendiendo a su categoría demográfica y actividad predominante, así como otros elementos relevantes. La prestación de los servicios de agua potable, de recolección de basura, de alcantarillado de aguas servidas y pluviales, de alumbrado público, de plazas y parques públicos, será obligatoria para todos los municipios.

Artículo 160. El Municipio a través de ordenanzas podrá crear, modificar o suprimir los tributos que le corresponden por disposición constitucional o que les sean asignados por ley nacional o estadal. Asimismo, los municipios podrán establecer los supuestos de exoneración o rebajas de esos tributos.

La ordenanza que cree un tributo, fijará un lapso para su entrada en vigencia. Si no la estableciera, se aplicará el tributo una vez vencido los sesenta días continuos siguientes a su publicación en Gaceta Municipal.

Artículo 161. En la creación de sus tributos los municipios actuarán conforme a lo establecido en los artículos 316 y 317 de la Constitución de la República. En consecuencia, los tributos municipales no podrán tener efecto confiscatorio, ni permitir la múltiple imposición interjurisdiccional O CONVERTIRSE EN OBSTÁCULO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

Asimismo, los municipios ejercerán su poder tributario de conformidad con los principios, parámetros y limitaciones que se prevean en esta Ley, sin perjuicio de otras normas de armonización que con esos fines, dicte la Asamblea Nacional.

Artículo 162. Los municipios podrán celebrar acuerdos entre ellos y con otras entidades político territoriales con el fin de propiciar la coordinación y armonización tributaria y evitar la doble o múltiple tributación interjurisdiccional. Dichos convenios entrarán en vigencia en la fecha de su publicación en la respectiva Gaceta Municipal o en la fecha posterior que se indique.

Artículo 163. No podrá cobrarse impuesto, tasa, ni contribución municipal alguna que no esté establecido en ordenanza. Las ordenanzas que regulen los tributos municipales deberán contener:

1. La determinación del hecho imponible y de los sujetos pasivos.

2. La base imponible, los tipos o alícuotas de gravamen o las cuotas exigibles, así como los demás elementos que determinan la cuantía de la deuda tributaria.

3. Los plazos y forma de la declaración de ingresos o del hecho imponible.

4. El régimen de infracciones y sanciones. Las multas por infracciones tributarias no podrán exceder en cuantía a aquéllas que contemple el Código Orgánico Tributario.

5. Las fechas de su aprobación y el comienzo de su vigencia.

6. Las demás particularidades que señalen las leyes nacionales y estadales que transfieran tributos.

Los impuestos, tasas y contribuciones especiales no podrán tener como base imponible el monto a pagar por concepto de otro tributo.

Artículo 164. Los municipios podrán crear tasas con ocasión de la utilización privativa de bienes de su dominio público, así como por servicios públicos o actividades de su competencia, cuando se presente cualquiera de las circunstancias siguientes:

1. Que sean de solicitud o recepción obligatoria por los usuarios.

2. Que no puedan realizarse por el sector privado, por requerir intervención o ejercicio de autoridad o por estar reservados legalmente al sector público.

La recaudación estimada por concepto de tasas guardará proporción con el costo del servicio o con el valor de la utilización del bien del dominio público objeto del uso privativo.

De la Ley de Gestión Integral de la Basura.

Artículo 47. Los estados y municipios, según corresponda de conformidad con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y esta Ley, solo podrán establecer y cobrar las tasas indicadas a continuación:

1. Tasa de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos: Comprende la recolección y disposición de desechos sólidos en inmuebles residenciales, industriales, comerciales, de servicio o afín. Esta tasa deberá establecerse sobre la base de los costos reales del servicio y en función de la cantidad de suscriptores servidos, la capacidad de generación del sujeto, el tipo, características y cantidad, en volumen o masa, de los residuos y desechos de que se trata, de conformidad con la ley especial que regula la materia.

De la Ley de Armonización Tributaria.

Régimen económico

Conformación

Artículo 76. El régimen económico estará conformado por las tarifas y tasas que se cobren por la prestación del servicio de manejo integral de residuos y desechos sólidos; así como los subsidios, donaciones y demás recursos materiales, económicos y financieros aportados por los órganos y entes de la Administración Pública en todos sus niveles y cualquier otro que ingrese por concepto de manejo especial de residuos y desechos sólidos.

Tasas

Artículo 77. La prestación de los servicios de manejo integral de residuos y desechos sólidos, así como la transferencia y disposición final de los desechos sólidos, realizada en forma directa o delegada por las autoridades competentes, tendrá como contrapartida obligatoria el pago de la tasa que corresponda, en función de las tarifas vigentes para el tipo, características y cuantía de los residuos y desechos cuya operación involucre.

Quienes generen residuos y desechos sólidos que requieran un servicio de manejo especial, deberán pagar adicionalmente la tasa fijada para el servicio requerido.

Tarifas.

Artículo 78. Las tarifas y forma de pago por el costo de los servicios especiales prestados serán aprobadas anualmente, en función de los costos reales para cada tipo de servicio, atendiendo al principio de equidad.

Como resulta inequívocamente de la lectura sistemática y comprensión de los enunciados normas arriba transcritos, en la misma línea argumentativa que se ha venido trabajando que se está ante un servicio público que es obligación de prestación del poder público municipal su prestación y ante lo cual, el pago de su contraprestación corresponderá a si el mismo es exigido de manera directa o no por el municipio, o delegada, así como si es de pago obligatorio por los contribuyentes, o por el contrario, si por delegación se le encomienda a un tercero hacerlo, pero lo que en modo alguno puede hacerse, ya que es del todo incompatible , tanto jurídicamente así como de la más elemental lógica, que se pretenda estar ante una tasa, y que se le dé tratamiento de precio, y viceversa, ante una tarifa o precio público, y se le dé el tratamiento y consecuencia tributario de tasa.

Dicho lo anterior, si se está ante un precio público, el servicio no puede pretenderse que sea cobrado obligatoriamente a los contribuyentes, ya que tal prestación debe hacerse en absoluta libertad de mercado, en el que no existan monopolios, es decir existan varios proveedores del servicios, como ocurre hoy con el de telecomunicaciones y franqueo postal, recordemos el caso DHL, y el usuario puede libremente hacer uso del servicio, y si se está ante una tasa, que debe estar fijada en base al costo, no pretenderse pagársele al prestador privado de servicio, ya que en todo caso ha de hacerse al municipio que en definitiva es el obligado constitucionalmente a prestarlo.

Ahora bien, lo que en modo alguno es procedente, es que en ninguno de los dos casos, en caso que se pretenda el cobra de cualquier cantidad, esa esta tasa, tarifa o precio público, y con independencia de la fórmula para su estimación, se proceda a “bloquear” el acceso a páginas o exigir solvencias de cualquier tipo, ya que tal supuesto de hecho además de constituir una vía de hecho al hacerse son ser el resultado de ningún proceso lo que ya de por sí constituye un gran vicio, podría constituir el supuesto de hecho previsto en el artículo 76 de la Ley contra la Corrupción[16], que reza.

Artículo 76. La funcionaria pública o funcionario público que arbitrariamente exija o cobre algún impuesto o tasa indebidos, o que, aun siendo legales, emplee para su cobranza medios no autorizados por la ley, será penada o penado con prisión de un (1) mes a un (1) año y multa de hasta el veinte por ciento (20%) de lo cobrado o exigido.

Por otra parte, si se considera entonces, como de laguna manera “sugiere” el fallo que se está ante un precio público, despojándolo de toda consideración o contenido tributario, en modo alguno puede vincularse con la obligación pretendida de pago justificada en que sea una actividad de gran impacto en la sociedad, lo que resultaría del todo absurdo, ya que sin duda alguna se está ante una actividad esencial que es obligación del poder público, en este caso municipal de su prestación.

Entonces, insistimos, si es precio, no puede ser obligatorio, si es obligatorio, no puede ser otra cosa que tasa, no puede existir esa particular transustanciación en que sea considerado un servicio público de importancia y esencial en un sentido y una actividad privada en el otro pero cuyo pago se exige sea obligatorio hasta el punto de ocurrirse a métodos altamente coercitivos y coactivos para su exacción al punto de que tales condicionamientos a los que se someten los contribuyentes, o serán clientes, o más bien víctimas, llegan al punto de ser extorsivos.

 6.-  Sobre la patética práctica de clausura de establecimientos.

Vistos los hechos de los que se originó el contencioso del que resultó la sentencia observada y en los que se observa que la administración hubiese impuesto la sanción de clausura o cierre del establecimiento, nos hace obligatorio dirigir algunas reflexiones sobre tal práctica que resulta a todas luces patética y barbárica, y que desdice absolutamente de nuestra cultura.

Más allá de las consideraciones del caso particular, si tenemos presente y acordamos  que la finalidad, el telos, de la fiscalidad en general es el de la obtención de recursos que hayan de ser destinados para la cubrir los gastos públicos, resultaría de toda lógica que constituya una finalidad esencial de la función pública la productividad y  generación de valor de la cual se paguen los tributos correspondientes.

Ahora bien, por el contrario, no solo resultaría ilógico, sino poco inteligente, es más, contrario a cualquier propósito inteligente el actuar de manera tal que se limite, restrinja, o disminuya la generación de valor de la que se procederá a estimarse y luego percibirse esos recursos,  a menos que la intención o telos no sea ese de procurar la obtención de recursos sino otro que no necesariamente atiende a la satisfacción de los gastos generales de la sociedad sino los de su sumisión y control.

Hemos de advertir con gran preocupación que en momentos en los que los servicios públicos en general se encuentran en condiciones de prestación absolutamente paupérrimas y calamitosas, lo que incluso se extrae del propio contenido de la sentencia basura baruta, lejos de procurarse que los contribuyentes en el ejercicio de sus actividades generen mayores ventas y en consecuencia ingresos y ganancias, de las que se han de estimar y pagar i puestos que van dirigidos al tesoro municipal, con prácticas tan inverosímiles y primitivas como las de aplicar sanciones como la clausura de establecimientos, además de tener el efecto contrario a esa finalidad que es la de lograr mayores ingresos y recursos para el fisco municipal ya que al disminuirse las ventas existe menos base de cobro, resultan a su vez situaciones mucho más atroces y perniciosas como lo son la de la corrupción y extorsión a la que son sometidos los contribuyentes quienes llevan adelante sus actividades bajo el asedio y amenaza permanente de cierre.

Venezuela en la actualidad y desde hace más de diez años ocupa los últimos lugares en los índices de estados de derecho, productividad y condiciones para hacer negocios, y es de observar que gran incidencia tiene en esos resultados perniciosas prácticas como las referidas en esta opinión, por lo que si seriamente y genuinamente atendemos a la voluntad de su superación, es necesario enterrar tales prácticas y entender que la única salid posible es la de generación de valor, lo que ser imposible si no se terminan de superar tales taras con que hemos venido conviviendo, y entre las que se encuentra esa de “clausura” de establecimientos por razones eminentemente fiscales, cuando únicamente deberían ser aplicables en casos que realmente sean justificados como los de orden público, salubridad, y seguridad en la prevención de condiciones de ocupación que pongan en riesgo la integridad de las personas.

5.- Sobre lo que NO dice la “sentencia basura baruta”

Anteriormente pudimos observar lo que señaló la decisión en su motiva para desestimar el recurso de nulidad y de sus vicios, aspectos que si bien son de interés advertir como se hiciera, nos resulta también importante señalar lo que NO, indica la sentencia y que por ser de orden público estaba obligada a tomar en consideración no obstante el recurso no lo requiriera expresamente. como lo es entre otras cosas:

La sentencia NO hace referencia alguna a la prohibición que hace la Ley de Armonización Tributaria sobre la improcedencia de solicitud de solvencias para actual entre ella.

La sentencia NO se pronuncia sobre la base legal de la práctica de la alcaldía de bloquear la página mediante la cual se declaran y reportan los pagos a favor del fisco municipal.

La sentencia NO refiere la naturaleza de dicha práctica en cuanto a que no es resultante de ningún procedimiento, y que es como hemos referido, una actuación material.

La sentencia NO refiere a que con ocasión a la entrada en vigencia de la Ley de Armonización Tributaria al ya no estar permitido el condicionamiento de actuaciones administrativas a la presentación de solvencia alguna, lo que tiene un efecto directo en el supuesto de hecho para la sanción impuesta, decae de manera automática la misma.

La sentencia NO indica que la aplicación de tarifas y precios públicos como señala la sentencia Líder sobre tasas, tarifas y precios públicos solo es aplicable en condiciones de libre mercado.

La sentencia NO refiere a que no es de la naturaleza de los precios públicos su exigibilidad obligatoria a todos los contribuyentes, ya que debe ser producto de la relación contractual entre el usuario y el prestador del servicio público.

La sentencia NO dice que cuando se está ante un verdadero precio público, el usuario está en libertad de contratar o no el servicio público.

La sentencia NO dice las competencias tributarias de los municipios y su ejercicio no pueden CONVERTIRSE EN OBSTÁCULO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS como lo ordena el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

La sentencia NO dice que la práctica de las medidas de clausura de establecimientos constituye OBSTÁCULO PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS como lo refiere el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

7.- Sobre los titulares noticiosos y sus falsedades.

Inició la presente opinión con las referencias que hicieran diversos titulares de noticias y redes sociales sobre la supuesta “ratificación de la “legalidad” del “bloqueo” por parte de los municipios de contribuyentes morosos, en tal sentido volvemos a destacar:

Nuevo fallo del TSJ establece que la municipalidad puede “bloquear” a contribuyentes morosos con el aseo[17]

Sent. SPA TSJ #2Mayo24 Municipio para garantizar servicio de aseo, puede ejercer acciones administrativas para cobrar deudas, como bloquear portal para declaración tributaria, sin que imposibilidad de declarar en portal sea eximente de responsabilidad para cumplir obligaciones[18]

TSJ ratifica legalidad del cobro del aseo urbano y el bloqueo por parte de las alcaldías[19]

Si bien la libertad de prensa y expresión es un derecho fundamental que debe ser garantizado, más allá de las responsabilidades legales que correspondan en caso de la emisión de noticias falsas, resulta preocupante la poco feliz redacción de las noticias sobre la “sentencia basura baruta”, ello en cuanto a que no ofrecen una lectura objetiva de su contenido, que como se observó, en modo alguno de manera expresa señala que ese “bloqueo” sea como refieren “legal”, ya que como se observó, no solo la decisión silencia normas expresas que prohíbe la exigencia de solvencias de la propia administración para gestiones administrativas, lo que es aún más extensible a otros pagos “presuntamente debidos por obligaciones de precios públicos”, e incluso no obstante fueron dictadas normas sobrevenidamente durante la tramitación del contencioso tributario del que resulto la decisión, al tratarse de sanciones, debía decaer automáticamente tales, independientemente que no fuese presentados en el recurso sino en informes, argumentos como el caso de la excepción de responsabilidad por causas imputables a la propia administración.

Como se observase, el falo, en abierta incurrencia en petición de principio, simplemente deja colar que ante la no presentación de tal argumento en el recurso, no entra a analizar los fundamentos jurídicos de dicha práctica, que resulta a todas luces violatoria el debido proceso al grado que pudiera resultar incluso en algunos casos particulares en la violación al principio de prohibición de hacerse justicia con su propia mano y en connivencia entre los terceros y la administración pública, con todas las consecuencias que ello pudiera acarrear.

Es por tal motivo que nos es forzoso respecto de dichos titulares y contenido concluir que:

1.- Resulta absolutamente falso que dicha decisión sea una “ratificación”, de algo, ya que solo se puede ratificar lo que haya sido afirmado expresa y previamente que la práctica de “bloqueo” de usuarios sea en modo alguno legitima.

2.- Resulta absolutamente falso que dicha decisión refiera a la “legalidad” de dicha práctica de “bloqueo” de usuarios, ya que no existe ningún texto normativo que previamente establezca dicho proceder que por el contrario constituye una vía de hecho ajena a los derechos fundamentales del debido proceso y otras violaciones.

8.- Entre falacias, abusos y antinomias.

En adición a los vicios en que incurre la sentencia observada, especialmente como abiertamente incurre en la narrativa falaz de petición de principio, es muy preocupante como se ha pervertido la competencia tributaria de poder municipal no solo en ciento a que es utilizado como instrumento de esquilmación de los ciudadanos y para beneficiar a terceros, sino que todo ello limita y afecta al tesoro municipal, generándose constantes desviaciones y abuso de poder que no tienen otro efecto que la abyección de la ciudadanía.

Como hemos podido observar en el preste trabajo al enumerar diferentes normas tanto del legislativo nacional como el municipal relacionadas con las competencias del poder público municipal, de armonización tributaria, del servicio público de aseo urbano y domiciliario, sobre tasas y tarifas, y otros aspectos, nos encontramos ante situaciones de fuerte antinomia, como por ejemplo que entre la Ley de Armonización Tributarias y las ordenanzas en materia de tasas por servicio público de aseo, antinomia que no ha de resolverse de otra manera que con la aplicación de aquellas que mejor desarrolle la finalidad de la institución del aseo urbano como servicio público cuyo obligado principal de su prestación son los municipios y que las contraprestaciones que hayan de pagarse por tales se correspondan a las efectiva prestación y su costo, no permitiéndose prácticas como las que dieron lugar a las actuaciones administrativas recurridas y en la que se observa con gran preocupación la flagrante violación de derechos fundamentales como las del Debido Proceso.

10.- A modo de conclusión.

Como se extrae de las reflexiones y consideraciones efectuadas, la llamada “sentencia basura baruta” emanada de la sala político administrativa del tribunal supremo de justicia en modo alguno “ratifica” ninguna “legalidad” de la práctica por parte de las administraciones tributarias municipales, ni del municipio baruta, que fue donde se suscitaron los hechos que resultaron en ese fallo, ni en ningún otro municipio de Venezuela, resultando y siendo del todo ilegal, inconstitucional e ilógica dicha práctica.

Dicha decisión que además representa uno de los más ilustrativos ejemplos de la falacia lógica de petición de principio que vicia su validez, es necesario indicar que en modo alguno es vinculante para situaciones de hecho como en los actuales momentos se rigen bajo la vigencia de normas como lo es la Ley de Armonización Tributaria que proscriben prácticas como las de condicionamientos de pagos y presentación de solvencias para poder llevar adelante gestiones ante la administración pública municipal, por lo que cualquier pretendida actuación por parte de dichas administraciones en sustentar su proceder en la referida sentencia, en modo alguno exime de la responsabilidad en que incurren.

Debemos insistir en la importancia en el ejercicio de las acciones de defensa y protección a la libertad económica, al debido proceso y a la propiedad que resultan de prácticas como las observadas en muchos municipios cuya finalidad real no es la de obtener de manera lícita los recursos necesarios que le corresponde conforme al ordenamiento jurídico, sino la utilización del propio aparato público para el beneficio de particulares mediante prácticas indebidas de carácter coercitivo, coactivo y hasta a veces extorsivo.

Resultan absolutamente falsas las afirmaciones en titulares de prensa y redes sociales en cuanto a que el tsj estaría “ratificando” la “legalidad” de la práctica de “bloqueo” de los portales de declaración y pago de impuestos toda vez que tal práctica en modo alguno se encuentra prevista y descrita en ninguna norma, ni sustantiva, ni adjetiva, ni técnica, siendo la misma una vía de hecho lo cual es absolutamente condenable en un verdadero Estado de Derecho.


[1] Abogado UCAB. Especialista en Derecho Procesal Constitucional. LLM Derecho Económico Europeo. Investigador Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Conferencista, Articulista. rhungc@gmail.com.

[2] https://www.lapatilla.com/2024/05/05/nuevo-fallo-del-tsj-establece-que-la-municipalidad-puede-bloquear-a-contribuyentes-morosos-con-el-aseo/

[3] https://x.com/azevedopaixao/status/1787481317900255402?s=46

[4] https://primicia.com.ve/nacion/tsj-ratifica-legalidad-del-cobro-del-aseo-urbano-y-el-bloqueo-por-parte-de-las-alcaldias/

[5] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/mayo/334147-00209-2524-2024-2023-0081.HTML

[6] https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/05/21-11-23-ORDENANZA-SOBRE-ACTIVIDADES-ECONOMICAS-DE-INDUSTRIA-COMERCIO-BARUTA.pdf

[7] https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/05/Ley-de-Armonizacion-Tributaria.pdf

[8] https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/05/Ley-Gestion-Integral-de-la-basura.pdf

[9] Ver artículo 77 de la Ley de Gestión Integral de la Basura y 47 de la Ley de Armonización Tributaria.

[10] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01002-050804-1995-11546.HTM

[11] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/junio/01129-27607-2007-1999-15800.HTML

[12] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/marzo/323948-00237-29323-2023-1997-13689.HTML

[13] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/septiembre/2166-140904-02-1548.HTM

[14] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scon/agosto/1345-130808-08-0371-08-400.HTM

[15] http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/spa/agosto/01002-050804-1995-11546.HTM

[16] https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2024/05/ley-contra-corrupcion-2022.pdf

[17] https://www.lapatilla.com/2024/05/05/nuevo-fallo-del-tsj-establece-que-la-municipalidad-puede-bloquear-a-contribuyentes-morosos-con-el-aseo/

[18] https://x.com/azevedopaixao/status/1787481317900255402?s=46

[19] https://primicia.com.ve/nacion/tsj-ratifica-legalidad-del-cobro-del-aseo-urbano-y-el-bloqueo-por-parte-de-las-alcaldias/

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