Conflictividad social y política en tiempos de pandemia. La impostura venezolana y otras cavilaciones de cuarentena en cuaresma.

por | Mar 22, 2020 | Actualidad

Siendo de los más diversos los comentarios, observaciones y recomendaciones recibidos ante la publicación del ensayo “Cuando el COVID-19 y la cuarentena se encuentran con el derecho procesal constitucional, los estados de excepción y un estado fallido”(Primera parte)[1] (Segunda parte)[2], y no obstante existen aspectos que abren la posibilidad de otras siguientes, el interés sobre temas que si bien relacionados con los efectos de la pandemia de coronavirus COVID-19, pero no ya en su perspectiva epidemiológica, de tratamiento médico, o siquiera desde las diversas consecuencias jurídicas que puedan analizarse, hacen menester un artículo particular sobre los riesgos que corren las sociedades afectadas por la pandemia que puedan resultar en brotes no ya de infecciones o contagios sino de alzamientos y disturbios propios en contextos de alta conflictividad social y política.

En situaciones de estados con alta conflictividad social y política, en los que además existe un enorme deterioro de sus instituciones, agravamiento de su economía, destrucción de su aparato productivo y general deterioro de los servicios públicos esenciales hasta el punto de devenir en materialmente inexistentes, y todo lo cual se justificaría su propia existencia resultando en la clara definición de lo que es un estado fallido, no es cuestión de si puedan ocurrir o no tales brotes, sino cuando sucederá y como debemos actuar al momento que ello acontezca.

Debemos estar claros que no estamos hablando únicamente de los actuales momentos en que padecemos la pandemia del COVID-19 ni de la realidad venezolana desde la cual escribo, que como es lo que tenemos presente y estamos inmersos pensaríamos y sentiríamos que no existe algo más allá, pero no podemos olvidar que en nuestra historia hemos pasado más de una vez, muchísimas veces, y pasaremos, situaciones como las del coronavirus y aún peores.

Baste solo que recordemos en materia de epidemias y pandemias[3], La plaga de Atenas siglo V antes de Cristo, la peste de Justiniano entre los siglos XI y XII, La peste negra, a mediados del siglo XIV, de la que algunos señalan que también se originó y propagó desde China: brotes de viruela, sarampión y tifus durante la colonización de América en todo el continente, la gran plaga de Londres de 1665, la plaga italiana del siglo XVII, la gran plaga de Marsella en 1720 y que afectó la cercana población de Aix-en-Provence (que como nota al margen he de decir que tuve la oportunidad de estudiar allí y es uno de los lugares más mágicos que pueden existir)[4]. La plaga rusa de 1771, la pandemia de cólera del siglo de mediados del siglo XIX, o la llamada gripe española de 1918 a 1920, la cual tuvo sus mortales efectos también en Venezuela durante la dictadura de Juan Vicente Gómez y que para la atención y superación de la epidemia se creara la Junta de Socorro del Distrito Federal presidida por el Dr. Luis Razetti (es de destacar el evidente contraste en esta reciente que no es comparable con la de Gómez). El caso es que en Venezuela, y más específicamente en Caracas, no ha sido no será la primera y última vez que ha de sufrir y sobrevivir pestes y plagas tal como nos expone César Pérez Guevara sobre la historia de la ciudad. (VIDEO 1)[5] (VIDEO 2)[6]

En cuanto a la ocurrencia de manifestaciones y disturbios generados en contextos de epidemias, igualmente como episodios de brotes de pestes y plagas ha habido en la historia de la humanidad, entre los que podemos resaltar se encuentra el famoso disturbio o revuelta de Moscú de 1771[7] que tuvo lugar ante las medidas que causaron temor y molestia de los ciudadanos ante la imposición de cuarentenas forzosas, destrucción de propiedad contaminada sin control ni indemnización, clausura de lugares públicos, lo que a su vez generó el cierre de fábricas, mercados y tiendas, disminución de suministro de alimentos ocasionando la pauperización de las condiciones de vida de los moscovitas. Para atender las acciones contra la plaga y la situación social fue enviado a Moscú el Conde Grigory Grigoryevich Orlov (personaje sobre el cual merece ahondar su estudio, especialmente si llegó a coincidir con el prócer Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez con quien posiblemente se identificaría por tener similitud de intereses). Posteriormente en Rusia se verificaron otros disturbios y protestas como los de la epidemia de Cólera de 1830 y 1831, también teniendo como antecedente la imposición de cuarentenas, acordonamiento armado, restricciones migratorias y los rumores sobre el envenenamiento del agua, y luego nuevamente en 1892 ocurrieron nuevos disturbios también ante epidemia de cólera. En ambos casos los alzamientos fueron disueltos con uso de la fuerza[8].

También durante epidemias de cólera ocurrieron disturbios en el Reino Unido en 1832  ante la inadecuada atención por parte de las autoridades[9] y en Alemania en 1893 durante la pandemia de cólera ante la imposición de medidas de prevención. En Zimbabue (2008) en la ciudad de Harare[10] se verificaron manifestaciones públicas durante la epidemia de cólera en la que fallecieron cerca de 600 personas empeorando la crisis de salud y económica de ese país. Personas que protestaban por límites impuestos para el retiro de dinero fueron golpeadas por la policía, así como también la policía dispersó a médicos y enfermeras que intentaban entregar una petición ante el colapso del sistema de salud[11].

Más recientemente, pero ya sobre la pandemia de coronavirus COVID-19 aparece en los medios digitales la noticia en el Líbano donde reclusos de una institución penitenciaria manifestaron solicitando su excarcelación temporal ante la pandemia[12], un asunto bastante complejo dada la naturaleza de la situación en la que siendo absoluta responsabilidad del Estado el cumplimiento de las condiciones sanitarias esenciales de instalaciones penitenciarias, ante una pandemia como la presente, podría resultar en condiciones de riesgo para la población penal, lo que también hay que analizar respecto los riesgos que resultarían en que se permita la salida de personas condenadas del recinto sin los debidos controles, lo que se agrava mucho más en instalaciones que no cumplen con los mínimos requisitos de salubridad.

En estudios específicos como los publicados en los manuales del Banco Mundial “Prioridades para el control de enfermedades: mejorando a salud y reduciendo la pobreza[13]” en su tercera edición, se encuentra el artículo “Pandemias: Riesgos, Impactos y Mitigación[14]” y que es una lectura obligatoria en este contexto en que nos encontramos, allí se desarrolla con gran detalle como determinados países ante sus condiciones de falta de institucionalidad, debilidades estructurales, sistemas de sanidad inadecuados, pobreza, crisis económica e inestabilidad política, están en peores condiciones para enfrentar una pandemia, incluso para ilustrar de mejor manera dicha situación presentan un gráfico preparado con información de 2017 con un mapa global donde se destacan los niveles de preparación de los países[15].

Afirma el estudio que las epidemias y pandemias pueden amplificar tensiones políticas, especialmente en estados frágiles con legado de violencia y debilidad institucional, destacando como en el caso de África Occidental durante la epidemia de Ebola, la instauración de cuarentena y toques de queda fueron percibidos por sectores de la oposición política de manera sospechosa generándose disturbios, igual ocurrió en Liberia en que facciones encontradas reanudaron su rivalidad resultando en el ataque de instalaciones sanitarias.

Casos como los de Guinea, Liberia y Sierra Leona son referidos como ejemplos de incremento de tensiones políticas, en las que si bien no llegó a situaciones de violencia e inestabilidad, se vio afectada la capacidad del sistema de salud, y en Sierra Leona se mantuvo mucho más tiempo el lapso de cuarentena. Otra consecuencia que destaca el estudio es que en situaciones de epidemias y pandemias suelen resultar determinados grupos discriminados y víctimas de estigmatización al ser señaladas como responsables de las enfermedades como fueron los casos de las comunidades judías en Europa por la peste negra o como en tiempos más recientes en Hong Kong comunidades africanas fueron víctimas de rechazo y discriminación económica al vincularlas con el Ebola.


¿Cómo recibe Venezuela la pandemia del coronavirus COVID-19 en cuanto su capacidad para hacerle frente?

Cómo se indicó en el título, serán brevísimas las consideraciones sobre las condiciones en que se encuentra Venezuela ante esta pandemia, y la razón de apuntar a esa brevedad es que puedan destinarse ensayos más específicos sobre nuestra realidad en la que pueda ahondarse con mayor detalle, mientras que las reflexiones que aquí se hacen tienen la intención de presentar el caso venezolano, como ejemplo de la tormenta perfecta en cuanto a su vulnerabilidad institucional, política, económica, social, jurídica, y tantos otros ámbitos, y que sirva de más que de referencia como advertencia, y en muchos casos de espejo, de como un Estado puede resultar en la mayor decadencia y las complejidades internas y externas para liberarlo de sus captores.

Para nadie es secreto que desde el 02 de febrero de 1999, cuando Venezuela entró en la senda de los que sus promotores han denominado la revolución bolivariana y el socialismo del siglo xxi y todas sus instituciones resultasen secuestradas; luego de más de dos décadas de ese fallido experimento social y político, para el momento en que el coronavirus COVID-19 irrumpe en el escenario global, es decir, desde inicios del año 2020[16], el país se encuentra en la peor condición institucional que haya podido tener durante toda su vida republicana, incluso pudiera afirmarse que tomando en cuenta los correspondientes contextos, se encentra con un grado de devastación aún más grave que el resultante de la guerra de independencia y la guerra federal que tanto daño ocasionaron a la entonces naciente nación hoy fallido estado.

Al preciso momento en que se escribe estas líneas (20/03/2020 2:34 am), pero que reflejan la misma situación para el momento que se supo del primer caso de coronavirus, no existe ni una sola institución política, económica, social, jurídica, incluso de carácter privado resultante de la libre voluntad de los ciudadanos como lo son las relaciones contractuales que no se encuentren  en franco y evidente deterioro, y en especial para el tema que hoy tratamos, el sistema de salud y todos los sistemas que en mayor o menor grado interactúan con éste no son la excepción.

Escapa del objetivo y alcance de este trabajo el profundizar sobre tales deterioros estructurales de los que un día fue un estado de derecho hoy devenido en un estado fallido y cuando menos en un Estado kenomático en la idea del pensador italiano Giorgio Agamben[17] y en el que como afirmara yo en un trabajo hace par de años, el desdibujamiento de la idea del derecho y el populismo no han servido sino como instrumentos del neototalitarismo del siglo xxi[18], pero profundizar sobre la situación de Venezuela ante la pandemia de Coronavirus COVID-19 no solo es incompleta sino imposible sin olvidar que para enero de 2020, el país tenía y aún tiene la mayor inflación de su historia y de todos los países del mundo en el siglo xxi, su símbolo monetario, el Bolívar, se ha envilecido tanto alarmaría al mismo Juan de Mariana y seguramente hasta cambiaría el título de su obra[19]. Una crisis de institucionalidad democrática tal que el ejercicio del ejecutivo nacional es absolutamente material además de errático en todos los sentidos, en todo el territorio nacional existen deficiencias que en casos alcanzan la absoluta carestía de servicios de agua, electricidad, combustible y transporte, desabastecimiento, desnutrición, insalubridad, brotes epidemiológicos de enfermedades que habían sido superadas hace décadas durante la democracia y que hoy vuelven a azotar a nuestra población, que aunado a una crisis humanitaria compleja afecta a todo el sistema de salud y aqueja principalmente los más vulnerables que siempre son aquellos también víctimas del populismo revolucionario.

En materia de derechos humanos, Venezuela cuenta con las peores valoraciones, las cuales aparecen reflejadas en los informes de la Organización de Estados Americanos (Informe 1) (Informe2)[20], como la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas[21] que confirman ser uno de los Estados con mayores violaciones en el orbe, ello además de que el propio país de manera absolutamente ha pretendidos salir del sistema Interamericano de Derechos Humanos mediante una denuncia de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos que es absolutamente írrita[22] y en lo que hay que resaltar muy particularmente por la relación con la pandemia, además de la afectación del derecho a la vida y que puede materializarse a través de la prestación de acceso a los servicios de salud, son también sistemáticamente violados el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información pública, siendo estos últimos de los más transgredidos por el régimen del socialismo del siglo xxi cuya nota característica es su opacidad, la censura y los bloqueos informativos.

Respecto de la corrupción, en el país se ha perdido la capacidad de asombro en cuanto al alcance de este flagelo en todos los aspectos y cada día son más sorprendentes las sumas de dinero expoliadas, así como la cantidad de conciencias y voluntades abyectas. En materia de seguridad jurídica[23], que como muchas otras instituciones ha resultado en su vaciamiento total de su contenido, Venezuela no ofrece las mínimas garantías de inversión, y no nos referimos a la inversión dineraria que bien es importante, hablamos de inversión de vida, el régimen ha robado ya veinte años la vida, los sueños y las aspiraciones a sus ciudadanos con la instauración de un perverso proyecto que no ha hecho más que procurar convertirnos en algo menos que siervos de la gleba y ante lo cual se ha de resistir.

En cuanto a respeto al Estado de derecho, un muy reciente informe (11/03/2020) “Índice de Estado de Derecho 2020” (Rule of Law Index 2020) elaborado por “World Justice Project[24]”, en el que mediante más de 130.000 evaluaciones efectuadas por 4.000 profesionales y expertos en el área jurídica sobre 8 factores y 44 subfactores arrojó como resultado que de los países examinados, 33 del continente americano y 128 a nivel mundial, Venezuela resultó en el último lugar en ambas mediciones totales, la regional y la global, siendo los factores evaluados y la posición de Venezuela las siguientes:  (i) Límites a los poderes del gobierno (33/33) (128/128), (ii) Ausencia de corrupción (28/33) (117/128), (iii) Gobierno abierto (33/33) (125/128), (iv) Derechos Fundamentales (33/33) (124/128), (v) Seguridad y orden (33/33) (123/128), (vi) Cumplimiento normativo (33/33) (128/128), (vii) Justicia civil (33/33) (127/128) y (viii) Justicia penal (33/33) (128/128)[25].

Como se advirtiera, todas las menciones y afirmaciones precedentes dan pie para específicos estudios y trabajos que conscientes estamos de la algidez política que entrañan, pero ante una situación material de minusvalía ante el reto, no solo de Venezuela sino de la humanidad frente el COVID-19, no podemos voltear la mirada y obviar que la debilidad estructural e institucional es consecuencia directa de la garduña generadora de miseria y terror de la llamada revolución bolivariana y el socialismo del siglo xxi, por lo que quienes para este momento no hayan fijado posición contra la cínica hez[26] que por más de dos décadas despóticamente articulan los feudos de abyección en que se ha convertido la sociedad venezolana y ante ineludible lucha existencial contra el coronavirus, más allá del contexto clínico sino social sin insistir en el señalamiento y condena de los autores de la destrucción de lo que una vez fue un país y del que no quedan más que escombros, es ser, cuando menos cómplice de la banalidad del mal (VIDEO) (LIBRO)[27], más bien ya, agente directo de la tiranía. Pero insistimos, abocarnos ahora a más profundo desenmascaramiento del régimen de maldad nos restaría tiempo para las reflexiones sobre la pandemia que hemos de enfrentar.


Entre el Coronavirus COVID-19, decretos de alarma y cuarentena colectiva, social, soberana, bolivariana, chavista y anti-imperialista.

Signo característico de regímenes de corte totalitario es la falta de transparencia y frontal vulneración al derecho a la libertad de expresión, que no solo incluye la posibilidad de expresarse y opinar sino la de tener libre acceso a la información pública, actuaciones de transgresión en que incurren los liberticidas desde los propios inicios de la humanidad de múltiples maneras y que van desde el amedrentamiento, la censura, la limitación de suministros como papel, bloqueos informativos, al acceso a internet y muchos otros, pero en estos tiempos con la finalidad de velar sus perversidades amparándose en la tecnología y engaños mejor elaborados encubiertos de retórica ocurren a nuevas modalidades que en situaciones como las que hoy aquejan a la humanidad le son propicias y que en el caso venezolano utilizan esas ideas de emergencia, alarma, conmoción en la modalidad de situación excepcional y otras similares para eternizarse en el poder, tema que ya pudimos analizar en “Cuando el COVID-19 y la cuarentena se encuentran con el derecho procesal constitucional, los estados de excepción y un estado fallido”(Primera parte) (Segunda parte)[28] y que damos aquí por visto.

Regímenes como el venezolano, pero extensible a otros de similar naturaleza como el de China donde se dio inicio al brote que devino en epidemia, luego en pandemia y de la que todos padecemos de sus efectos, si bien no clínicos, aún, sí los sociales, económicos y políticos, recurren a prácticas que van desde la más absoluta opacidad al ocultar información que debe ser de conocimiento público así como en el deber de comunicar determinados hechos, pero resulta también violatoria la expresa negación de hechos ciertos, la afirmación de los falsos, y muy especialmente la manipulación de ideas y conceptos mediante ardides retóricos y argumentativos, que si bien pueden pasar inicialmente desapercibidos para el destinatario promedio del discurso falaz, con simplemente prestar atención a determinados elementos como los de la calidad y credibilidad de la fuente, estructura de la exposición, argumentación y recursos retóricos, actitud del interlocutor y finalidad velada o expresa del discurso, que en el caso venezolano luego de ya dos década es evidente que no es otro que el de  imposición de pensamiento único y perpetuación en el poder, pueden desmontarse esas maquinaciones y que hoy se nos presentan como Estado de Alarma.

En cuanto a la grave pandemia que padecemos, siempre será necesario recordar, y más aún, jamás olvidar, como ante las tempranas advertencias el 30 de diciembre de 2019 del Dr. Li Wenliang en China sobre la presencia del virus, el régimen totalitario chino con uso de la fuerza pública, la policía de Wuhan, lo acalló y reprimió por haber “esparcido rumores en línea” y “severa alteración del orden social”[29], indicando que ninguna organización o individuo podría emitir información sin autorización, obligándolo a suscribir un documento mediante el cual declaraba que eran falsas sus declaraciones.

El Dr. Li Wenliang se infectó con el coronavirus, el 12 de enero de 2020, ingresó en el hospital, y trágicamente falleció el 7 de febrero de 2020. Recientemente el gobierno central chino manifestó que la actuación de las autoridades regionales no fueron las más apropiadas[30], pero como siempre ocurre con los regímenes totalitarios, estas no son más que comunes prácticas para intentar argumentativamente evadir toda responsabilidad al indicar que fue una autoridad no central la que trató indebidamente al Dr., cuando en la realidad se está ante todo un sistema totalitario que hace uso de tales estratagemas argumentativas y retóricas, baste ver los casos de Cuba, Venezuela y sus acólitos.

Más recientemente, bastante revuelo ha generado que en los medios se refiera al virus como “Virus chino”, lo que denotaría muestras de xenofobia y estigmatización[31], tema éste en el que tampoco entraremos a profundidad, pero tal vez en el desarrollo de su discusión en otros foros pudiera discutirse si debiera denominarse más bien “Virus Comunista”, ya que tanto como la gravedad del mismo, su evolución como grave pandemia resultó en gran parte por las prácticas propias de ese pensamiento y de aquellos que son similares en cuanto su apreciación colectivista que niega al individuo. Lo que sin duda ha de proponerse es que logrado el desarrollo del tratamiento global o vacuna del COVID-19 se le reconozca con el nombre del Dr. Li Wenliang de quien antes de su muerte en una entrevista en el hospital donde estaba recluido habría epresado: “Creo que una sociedad sana no bebería tener una sola clase de voz” (I think a healthy society should not only have one kind of voice)[32].

Volviendo a la apreciación de la pandemia desde la perspectiva venezolana de la revolución bolivariana y del socialismo del siglo xxi que le son connaturales la opacidad, manipulación y desdibujamiento de instituciones, lo cual no cesa ante esta situación de pandemia, observamos que si bien el viernes 13 de marzo de 2020 se anunciaba que se tomaban medidas de emergencia, declaraba estado de alerta y la denominada “cuarentena colectiva” o “cuarentena social”, no fue sino hasta el día lunes 17 en horas de la tarde que empezó a circular por las redes el texto que se presume es el contenido en la Gaceta Oficial, y nos referimos a la presunción, ya que para el momento de redacción de estas líneas (21/03/2020 02:23 pm) en la página de la Imprenta Nacional[33], además de toda la perorata populista que caracteriza al régimen, aparece como la última de las gacetas cargadas la del 08/03/2020, pero esta circunstancia lejos de asombrarnos confirma su opacidad y pervertido proceder que hemos de recodar supera los veinte años.

Sobre este decreto que declara el estado de alarma como forma de estado de excepción ya dedicamos algunas reflexiones en la segunda parte del artículo sobre el COVID-19 cuando se analizaba la idea de derecho y la meta lectura del decreto, así como lo que dice, lo que no dice y lo que silencia[34], sin embargo existen otros aspectos sobre el decreto y la declaración de alarma que debe tenerse presente:

(i) De la fecha del decreto y su publicación. La versión digital que corre por las redes sociales y que no aparece en la página oficial aparece que es del viernes 13 de marzo de 2020, cuando en realidad es que no fue sino hasta el lunes 17 cuando inició su circulación.

Observemos que el “decreto”’ que en sus considerandos hace mención a la expresión que “aún con las medidas y protocolos de prevención implementados tempranamente por las autoridades sanitarias nacionales, el día 13 de marzo de 2020 se confirmó la existencia de Covid 19 en la República Bolivariana de Venezuela”, redacción que demuestra que dicho texto es posterior a la fecha que indica su emisión y publicación, asunto de la fecha que si bien muchos podrían pensar es una cosa menor, además de confirmar una vez más la manera poco transparente como el régimen actúa, de esa fecha 13 y no el 17 se harían depender otras consecuencias mayores.

(ii) Sobre la validez y eficacia jurídica del decreto al incumplirse el procedimiento constitucionalmente previsto. En los últimos días no son pocas las manifestaciones que invitan a no politizar la situación ya que estamos ante una pandemia que necesita la atención de todos y en efecto considero que no debe utilizarse esta situación en el sentido de política agonal, pero hemos de recordar que estando ante un régimen que ha sustentado su entronización en la idea de la emergencia y la excepcionalidad, con esta actuación, el decreto, se demuestra abiertamente que su móvil es esencialmente con fines de imposición política y control social, que entre otros aspectos de su contenido, y de lo que silencia, lo cual observamos cuando en  sus consideraciones hace alusión a expresiones como “Que el gobierno de los Estados Unidos de América ha dictado sanciones que atentan contra la estabilidad económica del Estado Venezolano, que dificultan las transacciones y afectan la disponibilidad de recursos que requiere el Sistema Público Nacional de Salud para hacer frente a este tipo de calamidades”.

Es interesante observar que desde que se iniciaron las diferentes sanciones y medidas por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, las mismas según se lee de la información en las páginas del Departamento de Estado[35], no aparece ninguna medida específica que afecte sector médico o alimentario, así como que tampoco indica el “decreto” a qué medida específica se refiere ya que en su gran mayoría estarían destinadas a personas identificables, luciendo más bien el lenguaje utilizado como una petición de principio, falacia que conjuntamente otras, constituyen el principal arsenal retórico de este tipo de regímenes.

En cuanto al procedimiento constitucionalmente previsto, también advertimos en el artículo publicado que ante la importancia del tratamiento de los estados de excepción para la institucionalidad de un Estado, la Constitución expresamente impone un procedimiento específico para su adopción en la que han de participar los principales y originarios tres poderes públicos, el Ejecutivo, la presidencia de la República, el Legislativo, la Asamblea Nacional y el Judicial, el Tribunal Supremo de Justicia, y es en ese sentido que el artículo 339, ordena que el “Decreto que declare el estado de excepción… será presentado, dentro de los ocho días siguientes de haberse dictado, a la Asamblea Nacional, o a la Comisión Delegada, para su consideración y aprobación, y a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, para que se pronuncie sobre su constitucionalidad…”

El decreto además de no indicar cual será la manera en que se “regulará el ejercicio del derecho cuya garantía se restringe”, absolutamente silencia lo relativo a la remisión que ha de hacer a la Asamblea Nacional para su “consideración y aprobación” pero si indica que lo remitirá a la Sala Constitucional, lo que demuestra una vez más su más íntima connivencia y complicidad en las consecuencias de los actos dictados en la situación de Estado fallido y “Estado de cosas inconstitucional[36]”.

El caso es que para el preciso momento (21/03/2020 03:29 pm) siendo el octavo día previsto conforme el artículo 339 de la Constitución para que se remitiera el decreto de Estado de Alarma a la Asamblea Nacional y que absolutamente se silencia en el decreto, omisión que es completamente intencional, se desconoce si ello ha ocurrido de alguna manera así como no consta pronunciamiento por parte de la Directiva de Poder Legislativo respecto este particular, situación que no es que afectase aún más la validez, vigencia y eficacia del derecho per sé viciado pero agrega una violación más al catálogo de transgresiones constitucionales por parte del régimen a la larga lista de oprobios. Sobre cualquier información relativa a la tramitación ante el tribunal supremo de justicia en cuanto a la constitucionalidad del decreto, baste mencionar que ha sido imposible acceder a la página de internet del tribunal que aparece permanentemente caída, pero no es de extrañar recibir en días próximos alguna decisión en términos que no serán otros que sostener que quienes manifiestan ejercer el poder ejecutivo tendrán las más amplias e ilimitadas potestades y facultades durante la alarma.

(iii) Sobre las medidas que pueden tomar la autoridades. No solo en el actual momento de pandemia, sino que ya desde hace mucho tiempo que no existe en Venezuela una situación de vigencia de Estado de derecho, sino que vivimos en una situación de actuaciones materiales a pesar de que insistimos en creer, en querer creer, que hay derecho porque hay unas “cosas” que llamamos tribunales, municipios, notarias, contratos, bancos, ministerios, entre otras, que no son más que caparazones vacíos de contenido o peor aún, imposturas que mantienen las etiquetas de lo que deberían ser y no lo son sino instrumentos de abuso y expolio que los agentes de poder aprovechan para sólo dos cosas: 1. Satisfacer sus deseos personales y 2. Justificar u ocultar todo lo que puedan sobre el punto primero, y en el momento de la pandemia no es muy distinto.

Durante los estado de excepción y estado de alarma, en vigencia de un Estado de derecho, en efecto pueden las autoridades en cumplimiento de dicha declaratoria ejecutar todo tipo de actuaciones que sean necesarias para controlar la emergencia conforme a la Constitución y la Ley Orgánica sobre los Estados de Excepción, sea la suspensión de actividades, prohibición de reuniones o de tránsito, cerrar fronteras, establecer cuarentenas y aislamientos, incluso ordenar medidas de restricción personal y detención de personas que constituyan riesgo, pero siempre cumpliendo los protocolos no solo de seguridad y respeto de los derechos humanos, y en casos como el actual de protección sanitaria, sobre lo que ha de insistirse todo ello será de manera completamente excepcional como lo dispone el enunciado del artículo 337 en cuanto a “restringi(r) temporalmente las garantías consagradas en (la) Constitución, salvo las referidas a los derechos a la vida, prohibición de incomunicación o tortura, el derecho al debido proceso, el derecho a la información y los demás derechos humanos intangibles”, que como también se desarrolló en el artículo publicado, ello no significa la suspensión del derecho, solamente y de manera temporal su garantía, por lo que no significa en modo alguno que haya eximente de responsabilidad del Estado o de los funcionarios por sus actuaciones.

¿Pero qué pasa en Venezuela? Pues que estando en una situación eminentemente fáctica, observamos que aquellos personajes que se consideran están en ejercicio del poder público creen que pueden establecer órdenes e instrucciones a través de actos como decretos, resoluciones, instructivos y otros, muchos de ellos que más pueden considerarse que son técnicamente derecho, en el sentido de ser actos jurídicamente válidos y vinculantes para todas, pero dada la gravedad de la presente situación, y que el contenido en esos actos pueda identificarse con las normas que en efecto deban de seguirse para atender la emergencia, el llamado al seguimiento de las conductas allí descritas más que jurídico o moral, obedece más bien al orden racional.

Aquí debemos ser bastante enfáticos en cuanto a que si se están cumpliendo con las instrucciones para atender a la pandemia y que puedan estar descrito en el “decreto” que entendemos es absolutamente ilegítimo, en modo alguno se le está reconociendo legitimidad ni al acto ni a su autor, simplemente se sigue racionalmente a la medida técnica de prevención, mitigación y recuperación de la epidemia, más aún de estar en situación de infección.

Importante también es que jamás se olvidemos que la actuación de muchas de las que se presentan como autoridades haciendo uso de la fuerza pública proceden de manera fáctica, por lo que con independencia a nuestra convicción de actuar conforme a derecho en el desconocimiento de una actuación ilegítima en la que nuestra obligación constitucional es desobedecerla, debemos evitarse vernos involucrados en situaciones en las veamos amenazada nuestra integridad personal y en las que el derecho nos asista que no contemos con las garantías que debería brindar un verdadero Estado y que justifican su propia existencia.

(iv) Sobre la cuarentena, toque de queda y suspensión de garantías. Particulares líneas merece el tema de las cuarentenas y como son recibidas por la población general ya que como producto de la viralidad propia de las redes sociales ha circulado información, además de otros mensajes absolutamente irresponsables pero en atención al derecho a la libertad de expresión hay que dejarlos correr, que con vista a la disposición final octava del decreto debía entenderse como que se fijaba una “cuarentena colectiva o social” de treinta días contados desde el 13 de marzo, cuando la realidad es que tal redacción de los treinta días seguramente se dispuso por ser el plazo máximo previsto en el artículo 338constitucional.

El decreto en cuanto a la figura de la cuarentena o aislamiento, que me niego a analizar aquí, únicamente es contenida en los artículos referidos a los casos de contagios o presuman de tales[37], estableciéndose que la duración de dichos aislamientos será de dos semanas y que su cumplimiento “es de carácter obligatorio y se requerirá al sujeto su cumplimiento voluntario”. Así las cosas, hemos de entender que los treinta días son de duración del estado de alarma, y nada se dice de los de cuarentena, que más allá de la ilegitimidad del decreto, como norma técnica sanitaria si pueden incluso de mayor duración.

Nada dice el decreto sobre las llamada “cuarentenas colectivas” o “cuarentenas sociales”, pero ello no significa que no puedan establecerse esas formas de aislamiento y distanciamiento social, que reiteramos como normas técnicas sanitarias,  así como también el famoso toque de queda. La diferencia evidente será que en vigencia de un verdadero Estado de derecho esas medidas corresponderán al cumplimento genuino de la Constitución y en caso contrario una actuación de hecho, aunque las consecuencias materiales puedan ser las mismas.

Otra diferencia notable que existirá y seguramente lo podremos observar a medida que la pandemia avance, que esperemos sea para su control y erradicación, es que en los regímenes totalitarios serán cada vez más frecuentes las violaciones a los derechos humanos, derechos constitucionales y grandes expolios, lo cual está motivado en que la intención principal de los agentes de la dictadura es la imposición del poder por el poder mismo y su entronización, por ello lo de “cuarentena colectiva, social, soberana, bolivariana, chavista y anti-imperialista”, adjetivos, etiquetas y lemas que no han sido más que ardides retóricos para intentar de colorear el contenido del gran oprobio que ha demostrado ser esa impostura de la revolución bolivariana y socialismo del siglo xxi que no son otra cosa que una fábrica de miseria, muerte y terror.

(v) Las cuarentenas soberanas como instrumento de extorsión, abuso y terror. Desde el primer momento que se tuvo conocimiento de la implementación de las llamadas cuarentenas colectivas o sociales que como vemos en este trabajo en realidad no son sino otra forma de imposición del poder despótico a pesar de que puedan identificarse con medidas reales de prevención y mitigación de la pandemia y ellas no tendrían otra intención que de intentar crear una imagen de legitimidad y credibilidad, jamás se puso en duda que tales medidas constituirían también instrumento de abuso, extorsión y expolio por parte de “funcionarios” y grupos delictuales que conforman la garduña que materialmente ejerce el poder, razón por la cual así como existen tendencias a denominar al coronavirus el “virus chino” bien podría denominarse este síndrome de la revolución bolivariana la “cuarentena soberana”, pero también podría serlo patriota, revolucionaria, bolivariana, chavista u otros adjetivos similares.

No solo por la diversa información que pueda circular por las redes sobre casos de abuso, detenciones ilegales e incluso de muertes violentas por supuesta negativa de cumplir la cuarentena, que pese a la desinformación creada por exceso de información y la post verdad, pero en el contexto que lo analizamos destacamos la viralización de esta clase de contenido y sus efectos sociales y políticos como los de creación de zozobra que opera es a favor del régimen, también hemos tenido conocimiento directo que con el pretexto de supuestamente verificar el cumplimiento de tal medida de cuarentena, se han instalado puntos de control en los que las personas que por las razones que sean deben salir de sus casas con la correspondientes previsiones resultan extorsionados exigiéndoles la entrega de cantidades de dinero o cualquier bien que en el momento lleven consigo bajo amenaza de ser detenidos o sus vehículos retenidos debiendo las personas seguir su vía a pie.

Suficiente se ha escrito (no tengo en este momento de cuarentena acceso a la información bibliográfica que apenas pueda la incluyo) sobre esta práctica propia de que en regímenes cleptocráticos en que la corrupción forma parte importante del mantenimiento del estado de cosas, se crean intencionalmente formas en que los “funcionarios” ver satisfechas sus necesidades mediante la extorción, que es una práctica promovida por los superiores agentes del poder con un doble propósito, por una parte, ejercer mayor control y opresión a la población a través del miedo y el otro, la creación y formación continua de corruptos esbirros afines al sistema que inspirados por la ambición de poder y bienes habidos con estas prácticas van escalando posiciones en la empresa del expolio y abyección, situación esta última señalada que perfectamente se identifica con la historia de todos los hoy representantes del sistema totalitario, hagamos el ejercicio mental de recordar su trayectoria de los últimos 20 años para observar su gradual propensión a prácticas despreciables y su relación con el ascenso en la estructura de poder.

(vi) Obviedades y perogrulladas a pesar de la gravedad de la situación. Se dijo que el decreto como acto adolece de grandes vicios y que desde lo eminentemente jurídico no es más que una vía de hecho dentro de tantas otras en que se sostiene la tiranía, pero ello no significa que no pueda contener menciones o referencias a hechos y en particular a medidas técnicas de prevención o mitigación de la epidemia  que sean absolutamente válidas y deban acatarse, no ya por considerar el acto y su autoría como legítimos, sino que más bien  tal acatamiento obedece a la ley de la racionalidad.

Se observa del contenido del “decreto” que muchas de las indicaciones, que bien dada su naturaleza podían ser desarrolladas en otros instrumentos de ejecución, no son más que obviedades y perogrulladas cuya explicación y alcance es de dominio público en las redes y se encuentran en páginas con mayor credibilidad, o debe decirse simplemente con credibilidad, entonces podemos adelantar que vistos los antecedentes del régimen, esa inclusión de expresiones que carecen de relevancia jurídica que ameritase su inclusión en un decreto de emergencia, tendría una intención distinta de la que se pretende mostrar como lo sería la de crear una sensación de credibilidad al referirse a tal contenido, incluso científico pero que igual es dominio público, y por otra parte la de desviar la atención en tan importante aspecto de institucionalidad democrática como lo es el procedimiento constitucionalmente previsto que ordena la remisión del decreto a la Asamblea Nacional para su “consideración y aprobación” absolutamente silenciado en el “decreto”.

Otro aspecto aquí a destacar es que más allá de la repetición de obviedades que hacen los portavoces de la creada comisión presidencial y demás funcionarios, cuyo único mérito es el de ser actores políticos de reconocido cinismo, propensión a la mentira sistemática y especialidad en falseamiento de cifras, en adición a la información que transmiten que no es distinta a la disponible en las redes con mayor detalle y calidad, el resto de su contendido se reduce prácticamente como es usual de estos voceros a órdenes despóticas, amenazas e insultos y de resto a meros despropósitos, lo que también podría tener como  similar intención la de desviar la atención de los aspectos de importancia como las cifras reales de contagios, condiciones reales del sistema de asistencia y la procura de formas eficaces para atender tanto la epidemia en su aspecto clínico y sanitario como las consecuencias sociales de la misma que obligatoriamente ha de contar con la debida preparación y que la penosa práctica ha demostrado que ello no es así.

También muy recientemente, durante el dinamismo de propio de los acontecimientos, se recibió la noticia de que supuestamente se habría solicitado la ayuda financiera al Fondo Monetario Internacional para atender la pandemia y sus efectos en Venezuela -tema de que advierto tampoco ahondaré en detalles-, petición que generó diversas reacciones y que más allá de la improcedencia de tales ayudas por consideraciones de carácter político o estrictamente técnicas jurídicas constitucionales toda vez que tal negociación ha de contar con la aprobación de la Asamblea Nacional, con vista a la intencional negación del procedimiento de aprobación del estado de alarma, no es de extrañar que sean otras las intenciones del régimen como bien pudiera ser el armar un discurso en el que intente excepcionarse de consecuencias sociales de mayor entidad y gravedad como las que resultarían de represiones a gran escala de manifestaciones indicando que pudieron haberse prevenido de recibirse los fondos. Ya se está observando una línea de opinión en ese sentido para evitar se emitan opiniones críticas, estemos atentos.

(vii) Sobre las responsabilidad del Estado y los funcionarios en tiempos de la pandemia. Durante la vigencia de un verdadero Estado de Derecho, el Estado y los funcionarios son responsables por sus hechos y pueden presentarse las acciones judiciales necesarias para exigir dicha responsabilidad, pero como hemos advertido y no ha de ser desconocido por casi todos nosotros, encontrándonos en la situación suficientemente estudiada y analizada de un estado fallido, estado kenomático y estado de cosas inconstitucional, pretender que esa responsabilidad del Estado y los funcionario se materialice no solo en decisiones que puedan ejecutarse para reparar situaciones jurídicas infringidas y hacer efectivas las indemnizaciones, que es muy importante, pero también evitar que nuevas y mayores violaciones, sería simplemente una utopía pensar que en la situación venezolana actual ello sea procedente, o por lo menos que aconteciera pronto, menos aún ante el secuestro por parte de la tiranía de todos los órganos y entes  del poder público, tanto los órganos directamente bajo control del despotismo como aquellos que pudieran considerarse ajenos al partido único de gobierno, que bien sea por temor, ignorancia, compra de conciencia o necesidad han hecho muy bien su papel de servir de soporte del sistema.

Necesario es afirmar que no obstante exista el “decreto” como vía de hecho, incluso si hubiese sido dictado y aprobado conforme lo dispuesto en la Constitución, no se puede ser suspendido ningún derecho, únicamente y de manera temporal sus garantías, lo que jamás podrá entenderse en que estén exceptuados de responsabilidad ni el Estado ni los funcionarios, incluso en el peor de los escenarios posibles durante restricción de garantías constitucionales y ante una situación de conflicto social y político que a su vez pueda originar manifestaciones y disturbios que como hemos estudiado ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad en muchos países y Venezuela no es la excepción, ello es más probable donde existan grandes debilidades institucionales, crisis económica, inflación ,dificultades para obtener alimentos, deficiencias en la prestación de servicios públicos y claro está, pésimas condiciones de los servicios de salud, elementos que conforman los ingredientes para una tormenta perfecta en la que se originen fotos de manifestaciones populares reclamando atención.

En la actual situación que atraviesa Venezuela en la que a diferencia de otros Estados que también han de enfrentar la pandemia que vistos los antecedentes de varios países que como el caso de Italia ya han superado las dos semanas de cuarentena con las tensiones que ello conlleva, debemos advertir que se encuentran presentes prácticamente todos los ingredientes para que en pocos días, y tal vez sean horas para que puedan observarse esos brotes de manifestaciones, ante los cuales sea que nos dirijamos a quienes les asita su legítimo derecho a reclamar para recomendarles precaución en no exponer su integridad personal, o sea que se dirija a los funcionarios a los que se les encomiende controlar esas manifestaciones para recordarles que a pesar de la existencia de un estado de excepción incurren igualmente en responsabilidad en caso de violaciones de derechos humanos, creo que es tiempo de atender a la sensatez y así como es un esfuerzo mancomunado el enfrentar la pandemia igual ha de procederse para acabar con el flagelo del despotismo que tanto daño ha causado.


A modo de conclusión.-

Al parecer me desvié nuevamente de la intención de procurar la brevedad del ensayo, que pese a los mayores intentos de hacerlo, la gran cantidad de aspectos a tratar y el interés de dejarlos suficientemente expuestos para evitar incurrir en lo que tanto criticamos de aquellas personas que publican contenido en las redes sin un mínimo de referencias y justificaciones, práctica que tiene como fatal resultado la creación de individuos con falta de pensamiento crítico que son presa fácil de los regímenes totalitarios como el que nos oprime.

Venezuela y su gente, igual que el resto del mundo, nos enfrentamos ante una de las situaciones más complejas que nos tocará transitar en nuestra historia, con el agravante en nuestra situación de que quienes deberían ayudar y liderar la contienda como clase política forman más parte del problema que de la solución, y quienes lejos de actuar con sensatez y responsabilidad, han sacado lo peor de sí, mostrando una vez más su cinismo y maldad, lo no nos deja otra salida que hacer lo contrario, sacar lo mejor de nosotros cada día, cada momento.

Muchos son los retos de hoy y de mañana, ciertamente muchas cosas empeorarán más para luego mejorar, y no podemos darnos el lujo de desviar nuestra atención de las tareas que hayamos de acometer en nuestras respetivas áreas de conocimiento, debiendo cada uno aportar aquello que sea de su competencia o experticia, que en mi caso espero, pese al número de críticas y advertencias recibidas, este aporte haya servido de alguna manera, solo el tiempo dirá.

Mucha tinta quedó en el tintero que no pudo incluirse en este trabajo para colorear otros interesantes temas que espero podemos hacerlo muy pronto, en plena liberad de la cuarentena de la pandemia del coronavirus y del flagelo del despotismo.

 “Esto también pasará” / “This shall pass too”’

RHC

Caracas, (22/03/2020 1:22 am)

Creo que el próximo artículo tendrá un contenido más filosófico ¿Qué piensan?


[1] https://culturajuridica.org/cuando-el-covid-19-y-la-cuarentena-se-encuentran-con-el-derecho-procesal-constitucional-los-estados-de-excepcion-y-un-estado-fallido-primera-parte/

[2] https://culturajuridica.org/cuando-el-covid-19-y-la-cuarentena-se-encuentran-con-el-derecho-procesal-constitucional-los-estados-de-excepcion-y-un-estado-fallido-segunda-parte/

[3] Para estos tiempos de cuarentena resulta de gran valor el contenido colaborativo de www.wikipedia.org

[4] https://www.aixenprovencetourism.com/

[5] Cesar Pérez Guevara. “Caracas – 450 años: Historia práctica de una ciudad” (25/07/2017) https://youtu.be/OnfbRzY2LRE

[6] Cesar Pérez Guevara. “Historia de Caracas a 452 de su fundación” (25/07/2019) https://youtu.be/hd-ZkVRLmpI

[7] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82

[8] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D1%83%D0%BD%D1%82%D1%8B

[9] De https://en.wikipedia.org/wiki/Cholera_Riots y  Burrell, Sean & Gill, Geoffrey. (2005). The Liverpool Cholera Epidemic of 1832 and Anatomical Dissection–Medical Mistrust and Civil Unrest. Journal of the history of medicine and allied sciences. 60. 478-98. 10.1093/jhmas/jri061.

[10] En 2015 escribí “Con 100 Trillones de dólares para canjear, ¿Qué hacer en Caracas o en Harare?, Cuál sigue el ejemplo de la otra”

http://www.chinohung.com.ve/2015/06/con-100-trillones-de-dolares-para.html

[11] De https://en.wikipedia.org/wiki/Cholera_Riots, https://laborrights.org/in-the-news/riot-police-break-zimbabwe-protests-cholera-deaths-mount, https://www.nytimes.com/2008/12/04/world/africa/04zimbabwe.html  y https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-crisis/zimbabwe-police-charge-protesters-cholera-spreads-idUSTRE4B21XI20081203

[12] https://www.aljazeera.com/news/2020/03/riots-rock-overcrowded-lebanon-prisons-coronavirus-fears-200317164301234.html

[13] Jamison, D. T., H. Gelband, S. Horton, P. Jha, R. Laxminarayan, C. N. Mock, and R. Nugent, editors. 2018. Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty. Disease Control Priorities (third edition), Volume 9. Washington, DC: World Bank. doi:10.1596/978-1-4648-0527-1. License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0 IGO.

Disponible en: https://culturajuridica.org/bookshelf_nbk525289/

[14] Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation. Nita Madhav, Ben Oppenheim, Mark Gallivan, Prime Mulembakani, Edward Rubin, and Nathan Wolfe

[15] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK525302/figure/pt5.ch17.sec3.map1/

[16] https://www.who.int/westernpacific/emergencies/covid-19

[17] Giorgio Agamben. “Estado de Excepción” Homo Sacer II,I. Adriana Hidalgo editora. Buenos Aires 2004. Pág. 95.

[18] Hung Cavalieri, Roberto. “El desdibujamiento de la idea del derecho y el populismo como instrumentos del neototalitarismo del siglo xxi. Su necesaria definición para la recuperación del Estado de derecho”. Disponible en: https://culturajuridica.org/el-desdibujamiento-de-la-idea-del-derecho-y-el-populismo-como-instrumentos-del-neototalitarismo-del-siglo-xxi/

[19] Tratado y discurso sobre la moneda de Vellón (1609). Juan de Mariana

[20]Informes de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos. http://scm.oas.org/pdfs/2017/CP38157INFORME.pdf

http://www.oas.org/documents/spa/press/TERCER-INFORME-VENEZUELA-SPANISH-Final-signed.pdf

[21] Informes de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de la Naciones Unidas:

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_EN.pdf

http://www.ohchr.org/Documents/Countries/VE/HCReportVenezuela_1April-31July2017_SP.pdf

[22] Sobre la pretendida denuncia por parte de Venezuela de la Convención, así como de los vicios que la hacen írrita por no haberse efectuado conforme el ordenamiento aplicable y demás consecuencias ver: Hung Cavalieri, Roberto. «Los Derechos Humanos en Venezuela luego de la Denuncia de la Convención Americana. El Desconocimiento del Sistema Interamericano como Política de Estado con Expresa Complicidad de la Justicia Constitucional”. Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 2016. Konrad Adenauer Stiftung. Disponible en: http://www.kas.de/rspla/es/publications/46909/

[23] Hung Cavalieri, Roberto. “Al rescate de la seguridad  jurídica. Más allá de la simple legalidad, la necesaria recuperación de Estado de derecho”. Ponencia en el V Congreso de Derecho Procesal Constitucional y III Congreso de Derecho Administrativo titulado «El debido proceso judicial y administrativo. La interpretación constitucional: Impacto y Límites. La reforma del Código de Procedimiento Civil. El Estudio del Derecho y la Academia”. Universidad Monteávila. Caracas, 22 y 23 de octubre de 2015. 

Disponible en: https://culturajuridica.org/roberto-hung-ponencia-argentina-derechos-humanos/

[24] https://worldjusticeproject.org/ 

[25] “Índice de Estado de Derecho 2020” (Rule of Law Index 2020) elaborado por “World Justice Project”. ISBN (online version): 978-1-951330-35-4.  En el que entre los profesionales colaboradores del proyecto está entre otros Roberto Hung Cavalieri. Disponible en: https://culturajuridica.org/wjp-roli-2020-online_0/

[26] https://culturajuridica.org/perversa-democracia-o-sera-hezocracia/

[27] “Las actuaciones del régimen, la conducta de sus operadores, la forma con que oprimen a la población, no tienen otro calificativo que el de pura maldad, la materialización y exteriorización del mal, en el que su aceptación y convivencia diaria ha llegado a niveles tales de gravedad que en modo alguno sería un atrevimiento ni exageración su comparación con lo que Hanna Arendt advertía al referirse a la banalización del mal, cotidianidad de la maldad que en el caso venezolano amerita especial estudio”. Hung Cavalieri, Roberto en “Una vista de la situación venezolana luego de 20 años de la instauración de la revolución bolivariana a la luz de la Ponerología Política de Andrzej Lobaczewki.”

Libro: https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2019/01/Situacion-Venezolana-a-la-luz-de-la-ponerologia-politica-de-Lobaczewski-CAP4.pdf

VIDEO  “Sociopatía del Chavismo un análisis de la maldad”  https://youtu.be/nxA-e1vBedM  

[28] https://culturajuridica.org/cuando-el-covid-19-y-la-cuarentena-se-encuentran-con-el-derecho-procesal-constitucional-los-estados-de-excepcion-y-un-estado-fallido-segunda-parte/

[29] «spreading rumors online» and «severely disrupting social order»

[30] https://edition.cnn.com/2020/02/03/asia/coronavirus-doctor-whistle-blower-intl-hnk/index.html

https://edition.cnn.com/2020/02/08/opinions/coronavirus-bociurkiw/index.html

https://edition.cnn.com/2020/02/06/asia/china-li-wenliang-whistleblower-death-timeline-intl-hnk/index.html

https://edition.cnn.com/2020/02/06/asia/wuhan-coronavirus-update-intl-hnk/index.html

https://www.businessinsider.com/china-admits-punishing-coronavirus-whistleblower-li-wenliang-inappropriate-2020-3

[31] https://www.cnet.com/news/coronavirus-isnt-a-chinese-virus-no-matter-what-trump-says/

https://www.washingtontimes.com/news/2020/mar/20/china-still-pushing-story-us-behind-virus-crisis/

[32] https://edition.cnn.com/2020/02/08/opinions/coronavirus-bociurkiw/index.html

https://www.newyorker.com/news/daily-comment/chinas-iron-house-struggling-over-silence-in-the-coronavirus-epidemic

[33] http://www.imprentanacional.gob.ve/#

[34] https://culturajuridica.org/cuando-el-covid-19-y-la-cuarentena-se-encuentran-con-el-derecho-procesal-constitucional-los-estados-de-excepcion-y-un-estado-fallido-segunda-parte/

[35] https://www.state.gov/countries-areas/venezuela/

https://www.state.gov/releases-pertaining-to-venezuela/

[36] Interesante creación de la Corte Constitucional de la República de Colombia, mediante sentencia T-025 de 2004 de fecha 22 de enero de 2004, al pronunciarse sobre la grave situación de los desplazados, denominó como “Estado de cosas inconstitucional”, situación producto de la continua y sistemática violación de derechos fundamentales en tal magnitud, que resulta en la ineficacia de las entidades públicas o privadas para atenderlas, teniendo así ese “Estado de cosas” en contraposición a un Estado de derecho. Disponible en: https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2004/t-025-04.htm

[37] Artículos 23, 24, 25, 26 y 29.