Detenciones extraterritoriales en procedimientos criminales en Estados Unidos. (Estudiando un poco los antecedentes judiciales).

por | Abr 2, 2020 | Actualidad

Recientemente han sido frecuentes las opiniones y comentarios relacionadas con operaciones de detenciones de acusados de delitos en acciones judiciales en los Estados Unidos de Norteamérica practicadas fuera su territorio, y que en algunos casos luego de realizadas las mismas, la defensa de los acusados han opuesto la defensa de nulidad del proceso ya que el aprehendido gozaría de una condición especial que lo haría inimputable en esa jurisdicción.

Automáticamente el caso que nos viene a la mente es el del dictador panameño Manuel Antonio Noriega que el 03 de enero de 1990 fuera detenido al haberse entregado y luego de permanecer por 10 días en la nunciatura papal – hay quienes señalan que su intención previa era la de solicitar asilo en la embajada de Cuba o de Nicaragua pero ello no pudo ser debido a que resultaba dificultoso llegar al haber estado bajo fuerte custodia esos  lugares.

Sobre la manera en que se llevó a cabo la detención, especialmente sobre el ingreso de tropas norteamericanas en territorio panameño desde mediados del mes de diciembre de 1989 en lo que se llamó la “Operación Causa Justa”, fue, es y será tema de debate, muchos de ellos bastante álgidos, tan es así que antes de la captura hubo una resolución de las Naciones Unidas que la condenaba, y posteriormente, muchas otras han sido las opiniones de la más variada índole y contenido, desde que la operación contó con amplia aceptación de la población panameña, como quienes le restan importancia a los sondeos y presentan el ejemplo de la invasión a Panamá como un claro ejemplo de la política injerencista e imperial de los Estados Unidos de Norteamérica; pasará el tiempo y seguirán vigentes muchas de esas discusiones, pero que escapan en este momento el objetivo de estas líneas que están dedicadas al examen muy general del tratamiento de la justicia norteamericana a las defensas opuestas por Noriega, principalmente procesales.

De especial interés es la sentencia Estados Unidos vs. Manuel Antonio Noriega et al[1], No. 88-79-CR del 08/06/1990 que ante la particular situación de que constituía la primera vez que un líder de un Estado era llevado ante el sistema judicial de los Estados Unidos creándose en tal sentido el precedente judicial, frente la defensa de falta de jurisdicción , el tribual desde el inicio de la relación reconoce la importancia del caso en cuanto a sus proporciones internacionales visto el estatus del acusado principal (Noriega) y las difíciles circunstancias en las que fue llevado ante el tribunal.


 “The case at bar presents the Court with a drama of international proportions, considering the status of the principal defendant and the difficult circumstances under which he was brought before this Court.”


Indica la decisión que el 14 de febrero de 1988 le fueron formulados 12 cargos por conspiración de importar cocaína así como bienes relacionados desde y hacia los Estados Unidos lo cual ejecutó abusando de su condición de oficial de la Guardia Nacional y Comandante en Jefe de la Fuerzas de Defensa, habiendo recibido pagos producto de narcotráfico así como haber prestado protección a narcotraficantes internacionales, esa misma actuación judicial ordenaba la comparecencia del acusado ante el tribunal dentro de los 10 días siguientes[2].

Entre las defensas opuestas estuvo la de que los supuestos hechos imputados no habrían sido ejecutado y que no podría ser imputado por ser jefe de Estado, y que sus actuaciones serían actos de Estado sobre los cuales el tribunal no tendría competencia para conocer.

Destaca la decisión que la defensa estuvo dirigida principalmente a hechos de contenido político y no propiamente respecto de los cargos imputados, y que desde que se dictase la orden de comparecencia y la fecha de detención las relaciones entre Estados Unidos y Panamá de deterioraron considerablemente, ello hasta el punto que el 15 de diciembre de 1989 en un acto público Noriega blandía un machete y golpeaba el podio donde se encontraba declarando “estado de guerra” contra Estados Unidos y días después, el Presidente Bush ordenaba a las tropas norteamericanas a una misión militar en Panamá con el propósito de salvar vidas de ciudadanos norteamericanos, restituir la democracia, preservar la vigencia del tratado sobre el Canal de Panamá y la detención de Noriega para llevarlo ante el tribunal por cargos de narcotráfico.

A penas inició la invasión, otro de los acusados, Luis del Cid, se entregó inmediatamente a las fuerza militares norteamericanas, no así Noriega, fijándose por la información que levase a su captura la recompensa de US$. 1.000.000,00.

La defensa se sustentó además alegando la condición de Prisionero de Guerra conforme a la Convención de Ginebra III, lo que resultarían a criterio de Noriega en la falta de jurisdicción del tribunal, así como que la invasión contravino el Derecho Internacional.

Si bien la lectura y examen de todas las decisiones dictadas en torno al juicio contra Manuel Noriega y en el que lo sentenciasen a cumplir una pena de 40 años, es de bastante interés en cuanto a sus detalles, las conclusiones sobre las defensas opuestas, veamos:

I. Jurisdicción del Tribunal.

Concluye la decisión que si bien los actos criminales fueron cometidos en Panamá, tuvieron efectos directos en Los Estados Unidos lo que a la luz del derecho internacional e interpretación legal es competente el tribunal para conocer del procedimiento criminal.

II.- Inmunidad por su condición de Jefe de Estado.

La sentencia declara que no es procedente la inmunidad de Noriega ya que para el momento de su captura no era jefe de Estado legítimo sino en una situación de detentación de poder de manera fáctica, refiere la decisión que legitimidad en la jefatura de Estado estaba en cabeza de Guillermo Endara, por lo que careciendo Noriega de tal condición real de jefe de Estado no le asistía inmunidad alguna.

III.-  Estatus de prisionero de guerra.

Si bien la posición del estado acusador no es la de negar la condición de prisionero de guerra en atención a la Convención de Ginebra III, ello no resulta en falta de jurisdicción, asimismo entre otros aspectos refiere que el enjuiciamiento no se debe a hechos cometidos en condición de prisionero de guerra sino por hechos previos que por el régimen disciplinario correspondería de ser el caso, Igual afirma de decisión  que la jurisdicción federal tiene competencia para conocer de casos de narcotráfico e incluso enjuiciar a personal militar

IV. Detención illegal.

Respecto de la forma en que resultó la detención como lo fue la Invasión de Panamá, manifiesta la defensa de Noriega que ello constituye un impcto a la conciencia y en violación al derecho y normas de humanidad (“shocking to the conscience and in violation of the laws and norms of humanity.”), violando la invasión tanto la quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos sobre el debido proceso como el derecho Internacional, por lo que no obstante aunque no existan violaciones constitucionales o de tratados, el tribunal deberá ejercer su autoridad supervisora y declarar sin lugar la acusación, no permitiendo que el tribunal se convierta en co partícipe del gobierno en los hechos irregulares en como Noriega fue llevado a juicio.

Afirmó la defensa que con la invasión ocurrieron violaciones al derecho internacional, a tratados internacionales y costumbre internacional como lo son el artículo 2(4) de la Carta de las Naciones Unidas, el artículo 20(17) de la Carta de la Organización de Estados Americanos, los artículos 23(b) y 25 de la Convención de La Haya, el artículo 3 de la Convención de Ginebra I y el artículo 6 de la Carta de Núremberg.

Sobre estos argumentos, el fallo en su apreciación inicial manifiesta que los particulares carecen de derechos subjetivos en esos enunciados que constituyen principios generales en las relaciones entre Estados, señala que tal defensa pudo resultar de la creencia e idea de soberanía en la propia cabeza de Noriega al considerarse jefe de Estado, situación de poder que no era más que una situación de facto y que como se señalara la jefatura de Estado era ejercida por Guillermo Endara.

Declara el fallo que el artículo 3 de la Convención de Ginebra I no es aplicable a la invasión de Panamá ya que el supuesto de hecho no es el de un conflicto armado que no sea de carácter internacional como lo son los caos de guerras civiles.

En cuanto al artículo 6 de la Carta de Núremberg que proscribe hechos considerados  los crímenes de guerra, contra a paz y contra la humanidad, es de interés destacar que según la representación del Estado como acusador es que ese cuerpo normativo fue desarrollado con la única finalidad de enjuiciar a los criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial por lo que no procede contra los soldados en la invasión de Panamá, criterio que no es compartido por el tribunal, pero advierte que en el caso de Panamá, la defensa jamás indicó en qué habrían consistido esas violaciones, así como que no señaló en qué se vincularía con el caso concreto y los cargos imputados.

Establece la decisión que ninguno de los tratados indicados restringe la autoridad de los Estados Unidos en materia de detención de extranjeros o sobre la jurisdicción para decidir los crímenes que hayan cometido éstos, dichos tratados lo que regulan es la conducta que deben asumir los Estados durante conflictos como la guerra o agresión internacional y no tienen efecto alguno en la soberanía de los Estados para reforzar su ordenamiento jurídicos careciendo tales tratados de efecto en el proceso de narcotráfico, y que si llegase a existir acaso alguna violación de derecho internacional, ella debería ser reparada por otros medios, no pudiendo convertirse en motivo de inmunidad en acusaciones criminales.

Sobre la autoridad supervisora y contralora de la corte, la sentencia concluye que Noriega no alega, y legalmente no puede hacerlo, que el Presidente Bush se excedió en sus poderes como Comandante en Jefe al ordenar la invasión de Panamá, sino que le pide al tribunal investigue y se pronuncie sobre si la muerte de inocentes y la destrucción de propiedad privada constituye un impacto en la conciencia y en violación al derecho y normas de humanidad (“shocking to the conscience and in violation of the laws and norms of humanity.”), lo que al final no sería otra cosa que un reto a la moralidad sobre la guerra en sí misma, es decir una cuestión política, un asunto de política internacional, que sobre el cual, la sabiduría, propiedad y moralidad sobre enviar fuerzas armadas a combate, es una función constitucionalmente encomendada al poder ejecutivo y al poder legislativo, lo que va más allá del control judicial.

Finalmente la decisión señala que la intención de la defensa en que se condene la acción militar y sus “atrocidades” es que se deje sin efecto el acto de aprensión de Noriega, y que incluso teniendo el poder judicial potestad para tal clase de declaratoria de ser “un llamado a la conciencia” (“shocking to the conscience”), esa potestad no tendría aplicación en esa acusación, ello en el sentido de que de que no pudiera asumirse que la condena de la invasión resulte en el decaimiento de la acción contra Noriega por los cargos de narcotráfico.

Otras lecturas, muchos otros pareceres y opiniones.

Es más que evidente que la sentencia antes abordada y que puede descargarse (en inglés) en los enlaces indicados, dan pie a múltiples opiniones, sean a favor o bien para objetarla, sin embargo no deja de ser un interesante antecedente judicial al que debe prestársele suficiente atención ya que del mismo pueden extraerse importantes enseñanzas sobre el sistema judicial norteamericano en cuanto a la idea de jurisdicción para conocer hechos ocurridos fiera de su territorio cometidos por extranjeros.

Algunos años han transcurrido desde ese interesante caso y quien aquí escribe desconoce si ha habido luego casos posteriores en los que se haya confirmado o modificado el precedente, la recomendación es que, sea con la intención de apoyar o rebatir los fundamentos de la decisión, se ahonde en el estudio de los interesantes temas ventilados y que como siempre se indica, cada quien sea libre de arribar a sus propias críticas conclusiones.


[1] Disponble en: https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/746/1506/1757098/  y

https://casebook.icrc.org/case-study/united-states-united-states-v-noriega

Sentencia apelación: https://caselaw.findlaw.com/us-11th-circuit/1089768.html

[2] https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/683/1373/2268211/