El derecho de educación y la garantía de protección de las generaciones futuras; perspectiva de su desprogresión como consecuencia de la crisis del Estado venezolano

por | 9/Mar/2018 | Actualidad

Por: Abg. Oreana Díaz Sánchez

@diazlawyer24

 

1.  La importancia del derecho de educación en la permanencia de la sociedad democrática y la garantía de protección de las generaciones futuras.

 

La educación es un importante eje dentro de la composición social, que permite el desarrollo individual y colectivo del hombre, lo que significa, que ella provee al ser humano de los medios para su autorrealización en el ámbito económico, laboral, profesional y social, como la realización y desarrollo progresivo de la sociedad, en el ámbito democrático, cultural, de las ciencias, del arte y la religión. Por lo que, la educación forma parte de ése núcleo fundamental de derechos que permiten al hombre, por un lado, garantizar el sistema democrático, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, la libertad de religión y las libertades económicas, y por el otro, garantizar la inclusión, la igualdad, la paz, la justicia, la herencia de los logros obtenidos en el desarrollo de la nación, la permanencia del medio ambiente en el que nos desenvolvemos, la obtención de la felicidad de los hombres y la permanencia de la humanidad. Siendo lo anterior, parte del compuesto de la obligación del Estado de garantizar la protección de las generaciones futuras y el disfrute de estas del desarrollo humano logrado.

 

La educación (Reyero García, LXI) “nos permitirá ser lo que no somos todavía y, en este sentido, sus finalidades suponen la expresión de los deseos todavía no realizados” (p. 461). La finalidad de la composición del Estado es procurar el bien común a los hombres en sociedad, que los hombres individual y colectivamente cumplan sus deseos, por lo que el Estado persigue un espíritu tutelar de sus derechos, pero también, es un administrador de la economía colectiva, un proveedor de medios para que estos se realicen, y un garante del deseo desarrollo de los hombres en proporcionalidad a sus libertades, derechos y habilidades.

 

Partiendo de la anterior premisa, cobra más valor la importancia de la educación a los niños y la obligación de los Estados de garantizar la protección de las generaciones futuras. Entendiendo aquí que, las generaciones futuras no sólo componen al grupo generacional que aún no existe, pero que debe garantizarse, con el propósito de evitar la extinción de la humanidad, sino también, la generación de niños que en el desarrollo y progreso de la sociedad, jugaran roles importantes en el avance hacia el futuro, supliendo las generaciones actuales.

 

En ése orden de ideas, nace la responsabilidad del Estado – y en consecuencia, la de los gobernantes, respecto a las generaciones futuras, tratándose principalmente en la obligación de crear las condiciones que permitan al hombre su realización. En el ámbito del derecho de educación, ello se extiende a la libertad de enseñanza, de instrucción, de investigación, la constitución de instituciones educativas tanto en el sector público como privado; incluso, siendo deber del Estado instruir gratuitamente la educación elemental, este debe procurar proveer de medios de transporte, de material educativo impreso y digital, de laboratorios en los distintos campos de instrucción, y generar todos los medios necesarios que permitan el acceso a la información y la educación, forjando a los niños a futuro en una práctica que le asegure los medios necesarios para proveer su propia subsistencia y el pleno desarrollo de su personalidad humana en un nivel de vida adecuado, pero también, permita a la sociedad poseer de personas altamente capacitadas en el desarrollo intelectual para que ésta funcione y logre su avance.

 

En ése tenor, Venezuela ha suscrito una serie de tratados internacionales, en los que se ha comprometido a garantizar el derecho a la educación, procurando su goce y ejercicio progresivo, siguiendo una serie de principios universales, tanto en rigor del Sistema Universal de los Derechos Humanos como del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos – los cuales juegan un papel importante en la protección y promoción de los derechos humanos, siendo la educación de los hombres uno de los principales medios por los que se logra la disminución de la pobreza y el desarrollo democrático de las naciones.

 

2. La desprogresión del derecho de educación y el incumplimiento de la garantía de protección de las generaciones futuras como consecuencia de la crisis del Estado venezolano.

 

El actual conflicto[1] que reina en Venezuela ha puesto en peligro el desarrollo humano de los niños y las generaciones futuras. En los últimos años, el actual régimen autocrático se ha encargado de desconocer los tratados internacionales, la Constitución y los principios fundacionales de la República, afectando los valores fundamentales de la venezolanidad. Se ha promovido la  inducción de una cultura teledirigida a través de la reforma del sistema educativo[2], en la que se eliminaron importantes materias que promueven el conocimiento de la democracia, de la historia, de las ciencias y de las artes, afectando la libertad de enseñanza, libertad de conciencia y el derecho a la educación, restringiendo los medios que permitan el acceso a la información y la educación, afectando directa e indirectamente el sistema educativo tanto en el sector público como privado, para crear de las nuevas generaciones, una sociedad sumisa, teledirigida, ignorante en los valores democráticos, desconocedora de sus derechos intrínsecos, y altamente dependiente del Estado, restringiendo el libre desenvolvimiento de la personalidad de los niños en su desarrollo humano y oprimiendo todo deseo de autorrealización ya que, el régimen autocrático ha limitado, coaccionado o restringido todo medio de desarrollo que no dependa del Estado.

 

Por otro lado, el alto valor de la vida ha obligado al cierre de escuelas privadas, colapsando las escuelas públicas, cierre de imprentas y editoriales independientes, lo que ha disminuido el acceso a la información y material educativo, afectando la libertad de conciencia, ya que, el material provisto por el Estado se encuentra teledirigido. De la misma manera, se ha provocado el cierre de empresas manufactureras de elementos necesarios para proveer de material educativo, uniforme y tecnologías, se ha centralizado de manera exclusiva la importación y distribución del papel de imprenta, lo que ha generado una situación de desigualdad e inacceso de la población a los medios para la información y educación, por un lado, por el  alto costo de aquellas que no dependen del Estado, y por el otro, por la restricción de la promoción de los valores que garantizan a los hombres, especialmente, a los niños y las generaciones futuras, su libertad, su integridad, su capacidad en el desarrollo de juicios propios, la tolerancia, la pluralidad, la interculturización y la concientización sobre el desarrollo humano y la globalización.

 

Además, ha disminuido la capacidad de transporte, la manufactura de vehículos y repuestos, lo que a su vez, ha ocasionado el colapso del sistema de transporte público, el inacceso al transporte en zonas rurales, ocasionado que, cada vez más, sean menores las posibilidades de los padres de llevar a institutos educativos a sus hijos, siendo la población de bajos recursos la principal afectada. Por lo que, el acceso a la educación, aun cuando el Estado, procura las instituciones educativas públicas, sólo es posible para aquellos que poseen medios propios – ya sea económicos o de transporte – para dirigirse a la institución, lo que, ante la crisis económica que se vive en el país, en el tiempo se va reduciendo a una población minoritaria.

 

Por otro lado, la crisis humanitaria ha afectado también el estado psico-biológico de los niños, disminuyendo su desarrollo integral y espiritual dentro de una sociedad estable, dónde debe estar garantizada la protección a su inocencia, su bienestar y desarrollo en un medio adecuado; los niños se han visto afectados en su derecho a la alimentación y derecho a la salud, lo que ha generado problemáticas, como desnutrición y enfermedad, lo que además, impide un efectivo avance en su desarrollo intelectual, por no poseer la fuerza biológica que requiere para el estudio y su eventual evolución dentro del sistema de sociedad.

 

Todo lo anterior presupone, la desprogresión en todos los ámbitos que envuelven la libertad de enseñanza, la libertad de conciencia, el derecho a la educación y el desarrollo intelectual humano que requiere el niño para lograr su avance dentro de la sociedad, incumpliendo el Estado con su obligación – suscrita tanto en tratados internacionales como acogida en el derecho interno – de garantizar el goce de tales libertades y derechos a las generaciones futuras, viéndose el futuro de los niños y la sociedad venezolana sesgada en un probable  aumento de la pobreza y menor acceso a la calidad de vida.

 

Tales situaciones generalizadas de violaciones de derechos y desprogresión, han afectado la garantía de crecimiento pleno y armonioso de los niños venezolanos en una sociedad donde reine un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad, solidaridad, el respeto a la dignidad humana, a la Constitución y demás leyes. Es obligación del Estado garantizar la educación libre. Los gobernantes no pueden utilizar los medios del Estado ni establecer reformas educativas en detrimento de la población, especialmente, cuando sus fines, son la  teledirección de la nueva generación con el objeto de lograr su permanencia en el poder.

 

No se justifica hoy en día, con la evolución de los derechos humanos y la especial protección que se ha encomendado las naciones del mundo que, en países como Venezuela, dónde las vías del desarrollo se encontraban aseguradas, especialmente, a las generaciones futuras, sucedan esta clase de violaciones de derechos humanos que someten a los hombres a una desprogresión de sus derechos individuales y colectivos, ni mucho menos se justifica, la desprogresión de los derechos de la niñez y la colocación a una alta vulnerabilidad tanto en el plano individual, como en el plano social de su desarrollo generadas por un conflicto político, obligando a los niños a vivir en condiciones especialmente difíciles, dónde el libre desenvolvimiento de su personalidad y calidad de vida no se encuentre asegurada.

 

Habiendo explicado lo anterior, quiero compartir con ustedes el programa que se obligó a ejecutar a partir del  año 2017  a los institutos educativos privados venezolanos, que dado a la importancia que trasciende a la sociedad venezolana debe ser de conocimiento público y se debe analizar, ya que, esta reforma producida de manera arbitraria, pone en grave riesgo de ignorancia a las generaciones futuras.

 

Este documento contiene el plan que se está ejecutando en institutos privados a partir del año 2017: https://www.academia.edu/36118437/REFORMA_EDUCATIVA_VENEZOLANA_%C3%81REAS_DE_FORMACI%C3%93N_EN_EDUCACI%C3%93N_MEDIA_GENERAL_2017-2018

 

Pueden consultar el proceso completo de la transformación curricular 2017-2018 en el siguiente enlace del Centro de Reflexión y Planificación Educativa: http://www.cerpe.org.ve/noticias-lector-principal/items/397.html

 

Referencia bibliográfica

 

Reyero García, D. (septiembre-diciembre de LXI; 2003). La libertad y su incidencia en la educación. Revista española de pedagogía (No. 226), 461-488.

[1] Al tratarse el tema de la crisis venezolana se debe tomar en cuenta el impacto que tenido en el ámbito económico, de alimentación, de salud, de educación, y en el desarrollo y progreso político-social. Sin embargo, en el presente trabajo sólo me limitaré a tratar el ámbito educativo.

[2] Vid. Ministerio de Educación (Junio, 2017), “Áreas de Formación en Educación Media General”.

Fuente de Imagen: https://es.aleteia.org/2014/01/09/pacificar-el-alma-y-el-mundo-velar-por-las-generaciones-futuras/

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Abogada venezolana egresada de la Universidad de Margarita (UNIMAR-2010), Tesina de Especialización en Derecho Procesal Civil en la Universidad de Margarita (UNIMAR), Cursante de la Especialización en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad Monteávila (UMA), Coordinadora Académica del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica (CIP Cultura Jurídica).