Ante la acción judicial contra la Circular del SAREN que fija los capitales mínimos para la formación de compañías y que a criterio de los demandantes restringen el emprendimiento y constituyen violación a la libertad de asociación y a la propiedad, se generó una reunión entre los abogados y la Inspectoria General del SAREN, en la que se trataron múltiples temas de interés relacionados con la función notarial y registral.
Los abogados Roberto Hung, Ruben Guía y Antonio Barrios, reunidos con Álvaro Peñaloza por parte de la Inspectoría General del SAREN expusieron además de la limitación al emprendimiento que es tan necesario sobre las graves consecuencias en actividades de vital importancia para la economía del país como lo es el sector inmobiliario, tanto primario como secundario, en el que gran cantidad de usuarios han sido víctimas de prácticas extorsivas consistente en pagos de altas sumas de dinero en divisas sin las las cuales no se procesanban los documentos, lo que no era muy distinto en muchas otras actividades en las que los ciudadanos debían hacer uso de estos servicios como los de ventas de vehículos, justificativos y declaraciones juradas, constitución y liberación de hipotecas, legalización y apostilla de documentos, la desmejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios y su remuneración así como el controversial asunto de los permisos de viajes de menores de edad.
Por su parte Peñaloza destacó que en el corto tiempo en el que las nuevas autoridades asumieron la Dirección del SAREN, han comprometido sus esfuerzos en combatir la corrupción atendiendo las denuncias de los usuarios procediendo con la remoción de funcionarios incursos en actuaciones irregulares, también destacó que por parte de privados incurren en irregularidades como era el caso de corredores inmobiliarios, individualmente o en coordinación con funcionarios, le informaban a sus clientes que los pagos que debían hacer eran superiores a los verdaderos y de esa manera hacerse de sumas de dinero de manera indebida, concluyendo que la Inspectoría está a la disponibilidad de todos los ciudadanos que se sientan afectados para que formulen las denuncias que a bien tengan y de esa manera tomar los correctivos necesarios.
Tomando en consideración que la acción judicial no atiende resolver un caso específico sino que es una demanda de nulidad y lo que se busca es el beneficio de los usuarios en general y la mejoría de la prestación del servicio, el asunto en el que hubo mayor coincidencia es que el ciudadano es quien debe primordialmente ser tomado en cuenta en la prestación del servicio público, para lo cual tanto el SAREN y los abogados pondrán a disposición sus redes sociales y sus plataformas para recibir por parte de la ciudadanía sus inquietudes, acordando celebrar prontos encuentros en el que se puedan hacer propuestas que beneficien a los ciudadanos y disminuyan los hechos de corrupcion.
Los asistentes destacaron la importancia de los aportes que sobre la materia pueden aportar las nuevas tecnologías y que en ese sentido debería avanzar la búsqueda de soluciones para la ciudadanía.
Sobre la acción judicial. La misma seguirá su curso regular, pero todos los asistentes vieron de buena manera que de conformidad con el artículo 6 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa pueda llevarse a cabo formas alternativas que resulten en políticas generales que atiendan la necesidad de los ciudadanos en resolver su día a día de manera eficiente y sin pagar sumas de dinero superiores a las legalmente exigibles.
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