El derecho a la vida usualmente es analizado de forma superficial, como el derecho que tienen los ciudadanos a no ser arrebatados de este fundamental derecho sin que medie una causal legítima, pero pocas veces es analizada la posibilidad que el derecho a la vida comporta como algo mucho más profundo; por ejemplo, la vida conlleva ser dueño de un proyecto personal, del cual somos responsables y propietarios, pero ¿Qué pasa cuando los Estados o terceros impiden este libre desarrollo? Los ciudadanos tienen derecho a que se les respete su derecho al reclamo, y la labor del Estado es proteger el ejercicio de la manifestación y resguardar la vida de quienes realizan reclamos legítimos.

Lamentablemente en Venezuela ninguno de estos derechos son garantizado, cuando incluso el Estado venezolano ha sido condenado por el Sistema Inter Americano de Derechos Humanos ha proteger dichos derechos desde el caso del Caracazo del año 1989, violando así la garantía de no repetición, agravando así la situación el país.