El Orinoco y como sus aguas llegarían al Haringvliet.

por | Dic 5, 2023 | Actualidad

En el proceso de quiebra y liquidación del Banco del Orinoco N.V. se fijó para el próximo lunes 11 de diciembre de 2023 en la sede del Tribunal de Primera Instancia que declarara la quiebra una reunión de acreedores en la que además de tratarse la verificación  de las acreencias presentadas, se someterán a examen la propuesta de acuerdo que presentase la fallida deudora, es decir, el propio Banco en la persona de sus Directores, la cual  para el presente momento ya habría sido consignada ante el liquidador o «curador» y el Tribunal, todo ello en atención al procedimiento dispuesto en la Ley de Quiebras de Curazao de 1931, la «Faillissementsbesluit«[1], procedimiento de liquidación que como podrá imaginarse, ha estado generando entre los afectados, interesados y sus representantes, bastante tensión ante los más variados aspectos relacionados, a los que se le agregan otros ingredientes muy caribes como los de fuertes presiones de múltiples sectores como la representación y mandatos que se harán valer y que decir de los números de votos calificados (entre otros importantes requisitos legales), necesarios para la validez de cualquier decisión y sus diversas consecuencias, en especial.

No nos corresponde en estas líneas ahondar sobre los detalles lo que bien podría conocerse como el «Affair» del Grupo Financiero BOD, y que sus miles de afectados pueden bien relatar, tema además al que se ha hecho debida  difusión mediante cápsulas informativas, sino más bien enfocarnos más en el sistema jurídico aplicable entre Curazao y el Reino de los Países Bajos y cómo es eso que las aguas del Orinoco pudieran eventualmente dar al delta del Haringvliet conjuntamente con las de los ríos Rin, Mosa y Escalda, muy cerca del Tribunal Supremo en los Países Bajos, el  «Hoge Raad der Nederlanden«[2] en La Haya, ciudad donde también se encuentran otras casas de justicia que antes siquiera se sabía que existían y en las que hoy se conocen varias causas en las que el caso Venezuela está cada vez más presente.

Ciertamente no nos es sencillo entender como Curazao pueda ser de alguna manera un país, «landen «, y a la vez formar parte del Reino de los Países Bajos, asimilar que tiene un poder ejecutivo y un legislativo autóctono en el que existe un Ministro de Finanzas propio distinto al del Reino, así como un Banco Central, como el Banco Central de Curazao y Sint Maarten (Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten)[3], también distinto al Banco Central Neerlandés (De Nederlandsche Bank)[4].

En cuanto al poder legislativo y judicial, que son aquellos vinculados con la creación de normas jurídicas, su aplicación y control judicial por parte de los Tribunales, que son los temas que ahora nos interesan, es de gran interés observar que si bien existen leyes propias como lo es el caso de la referida Ley de Quiebras de Curazao, aunque no es sustancialmente muy distinta a la del Reino, en la estructura judicial de Curazao, su máxima instancia es la Corte Suprema de Justicia con sede en La Haya, y a la que pueden llegar por vía  de recurso de casación, interesantes caso decididos en la jurisdicción caribeña[5].

Volviendo a nuestro caso de venezolana génesis como lo es el de este Banco del Orinoco, no es tampoco de extrañar como todos los agentes interesados, los afectados y sus representantes, el propio banco fallido y empresas del grupo financiero en entredicho, sus Directores y accionistas, de alguna manera creemos que por su cercanía geográfica y hasta comercial, pudiera atenderse como se ha venido haciendo últimamente en Venezuela donde la institucionalidad se encuentra algo comprometida, y donde si bien los jugadores con poder político y económico suelen literalmente inclinar la balanza a su favor, el caso en cuestión representa una interesante oportunidad para llevar otro caso de la realidad venezolana a La Haya, aunque por otros motivos.

Para quienes hemos tenido la oportunidad de leer y analizar los hechos que rodean el caso en general, así como de los detalles del proceso en esa jurisdicción caribeña, resulta de gran interés observar como la ley aplicable desarrolla importantes instituciones que superan la actual cultura jurídica venezolana, razón por la cual es de gran importancia hacerle cercano seguimiento tanto al caso como a los muchos aspectos y entre los que se encuentran la reunión de acreedores, la representación ejercida mediante carta poder sin mayores formalidades, el quórum necesario y cualidad de votos para toma de decisiones, la eventual de responsabilidad directa de representantes y directores de la institución, la posibilidad posterior de continuación de acciones individuales o colectivas, entre otras.

Más allá del caso específico, que sabemos no agota el de todo el grupo financiero BOD y sus responsabilidades, su tratamiento en la especial isla caribeña se presenta como un gran reto y oportunidad tanto a su sistema judicial como el financiero, pudiendo resultar, dependiendo de cómo en definitiva sea atendido en caso, en la producción de esa particular jurisdicción como ejemplo a seguir en materia de seguridad jurídica y financiera con capacidad para convertirse en un importante actor financiero de América como hemos visto ocurre con El Salvador más allá del tema político como referente de proyectos de transformación digital, y no solo en cuanto a que es principalmente vista como destino turístico.

Estaremos muy atentos de lo que ocurra en las aguas del caribe en cuyo mar desembocan las del Orinoco, expectantes en saber que pudieran tal vez llegar a desembocar junto a las del Rin, el Mosa y el Escalda en el Haringvliet, mientras tanto amanecerá y veremos. 


[1] https://culturajuridica.org/wp-content/uploads/2023/12/CURACAO-FAILLISSEMENTSBESLUIT-1931.pdf

[2] https://www.hogeraad.nl/

[3][3] https://www.centralbank.cw/

[4] https://www.dnb.nl/en/

[5]  (Es interesante aquí mencionar como en el caso de Sint Maarten, si bien  la Corte Suprema de Justicia es  su máxima instancia judicial, no lo es en materia constitucional ya que cuenta con su propia Corte Constitucional, la  «Constitutioneel hof van Sint Maarten»)

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