Por: Randy Perez Serrano
Universidad Francisco de Paula Santander
Seccional Ocaña
Ocaña, Colombia
La tarea de la Ciencia del Derecho, en el transcurrir de los años, ha consistido en encontrar esa “forma de vida” que nos permita a los individuos convivir en sociedad, dado que, vivir en comunidad no es precisamente un anhelo del Ser, sino, una necesidad propia de Él, alcanzar ese modelo significa adentrarse en el camino que conduce a una “sociedad ideal” en la que el Hombre logra el desarrollo pleno de cada una de las características que lo encarnan. Por supuesto que, al día de hoy aún se desconoce la “formula” que da con ese “ideal de vida”, aunque en “honor a ella” se han desatado los conflictos más atroces e inimaginables. Pero, por lo menos, ha sido el motivo que ha impulsado a la sociedad a tomar la ruta hacia la civilidad.
Ahora bien, como la Ciencia Jurídica desde su génesis se ha trazado ese objetivo, ésta ha desplegado todo su estudio en identificar quiénes son los llamados a trabajar en favor de tal objetivo y cuál sería el papel más idóneo que deberían cumplir cada uno de ellos. Bajo ese entendido, ha logrado identificar los siguientes personajes. En primer lugar, ubica al Parlamento, puesto que, allí se encuentran representados los intereses de cada sector de la sociedad, es de suponer que éste, bajo el consenso, logrará darle tratamiento a todos aquellos asuntos que nos afligen y atormentan como sociedad civil. En otras palabras, cuando un problema social deja de ser territorial o local para considerarse un problema de relevancia nacional, el primer sujeto en intervenir debería ser el Parlamento. Tal conducta es la que a menudo se le pide, cuando se le exige darle tratamiento al tema de los derechos de las parejas del mismo sexo a contraer matrimonio y a adoptar, el problema de hacinamiento que en la actualidad, para el caso colombiano, sufren los centros penitenciarios, en fin, tantos otros asuntos que por el momento omitiré mencionar.
Vamos a considerar que, tal y como sucede en la realidad, el Parlamento no ha logrado resolver el asunto de forma definitiva, bien sea porque en la agenda ese tema no era prioritario, o porque aun teniendo prioridad, no contó con la voluntad política de la mayoría de parlamentarios. Bajo esas circunstancias, ¿Qué hacer con quienes se encuentran en las situaciones descritas en líneas anteriores? ¿Suspendemos el goce efectivo de su derecho mientras el Parlamento decide darle una solución definitiva al asunto? Por supuesto que no, los derechos humanos no deben someterse a la voluntad de un órgano político ineficiente y negligente ni mucho menos considerarse como cosas subsidiarias cuya suerte depende de una cosa principal. Por lo tanto, si el Parlamento no actúa, le corresponde a la sociedad civil actuar. Es aquí, el momento en el que aparece otro sujeto, la Administración de Justicia, en efecto, los Tribunales Constitucionales se han convertido, en innumerables ocasiones, en el refugio de las minorías. El lugar en el que, casi siempre, los derechos humanos encuentran solución.
En consecuencia, una sociedad civil activa es el único sujeto, dentro de los personajes que aquí se han descrito, que puede garantizarse así misma el goce efectivo de sus derechos humanos, ya sea exigiendo, a través de los mecanismos de participación ciudadana, la actuación del Parlamento o entablando acciones judiciales ante el Tribunal Constitucional. Si bien es cierto, ésta última Corporación Judicial ha desafiado al Gobierno y al Parlamento al ordenar del Estado el reconocimiento, garantía y protección de los derechos humanos, eso no hubiese sido posible sin la iniciativa propia de la sociedad civil, cada Juez o Magistrado no se hubiera atrevido a pronunciar “herejías constitucionales” , sino fuera por la valentía de aquellos ciudadanos que lucharon incansablemente por la reivindicación de sus derechos.
Finalmente, en cada una de las líneas de este escrito, quise ilustrar el valioso papel de la sociedad civil en la lucha por los derechos, por ende, catalogarla como la guarda de los derechos humanos, no es un simple título decorativo, sino, más bien, un llamado a la conciencia a quienes el Derecho les ha pertenecido desde siempre.