Autora: Ivi Yolimar Herrera

Universidad Santa María

Venezuela

En el año 2008, a las 6:35 de la mañana, asesinaron de seis (6) disparos a mi hermano menor, a la salida de una discoteca en Caracas. Ante ese vil suceso, los entes públicos del Estado, ya no se encontraban llamados a garantizarle su vida, sino, a investigar y castigar a los responsables de su asesinato. ¡Jamás hicieron nada!. La frase cuando íbamos a exigir justicia era “No es seguro estar a esa hora en la calle”; para quien suscribe, esa respuesta era insólita, pues quienes detenta las armas para la protección ciudadana, quienes representan la autoridad, quienes ejercen el monopolio de la seguridad ciudadana, sólo se remitan a decir  “No es seguro estar a esa hora en la calle”, y no, a realizar las averiguaciones pertinentes a los fines de resolver el caso y encontrar a los culpables. La inseguridad que reina en el país y la falta de políticas – y fallas en las políticas – de seguridad en el Estado venezolano, dejaron vulnerable la vida y la integridad física de mi hermano y lo mismo ocurre con todos los venezolanos. La protección de la vida y la seguridad es una garantía constitucional, pero queda demostrada, la violación de tales garantía, cuando la impunidad es el nombre con el que actuaron en ese momento los sujetos que le arrebataron el ser y privaron su existencia.

Los órganos de seguridad del Estado no tienen capacidad de dar respuesta frente a la actividad delictiva desbordada en Venezuela. Quedaron ilusorias nuestras aspiraciones, no pudiendo regresar a la vida nuestro querido y único hermano, la justicia que se esperaba, era que, al menos los responsables de tan vil hecho fueran puestos a la orden de los Tribunales competentes. Sin embargo, a 10 años del hecho, ya hemos asumido que no sucederá. En este caso nos encontramos ante un trágico evento familiar y la justicia se desvaneció con el tiempo, siquiera como víctimas recibimos un trato justo, pasábamos horas, días, meses y la respuesta se encuadraba en: «Señoras, sabe cuantos homicidios debemos investigar a diario, no contamos con personal suficiente, si no fueron aprehendidos en flagrancia, créanos señora, nunca los podremos identificar, lo sentimos mucho».

En el año 2014, a las 10:00 de la noche, mi sobrino de apenas 18 años de edad, fue asesinado en un supuesto operativo de inteligencia que realizaban en el estacionamiento en donde éste se encontraba. Según las fuentes oficiales, los funcionarios policiales se encontraban buscando vehículos con fichaje en robos y secuestros; se apostaron en diferentes puntos del lugar y cada vez que alguien activaba la alarma de su vehículo, se los llevaban del lugar – eran literalmente secuestrados por los referidos funcionarios policiales – «supuestamente» para verificar que dicha persona fuese el dueño del vehículo, y luego, tras horas de angustia y zozobra para las víctimas de las privaciones ilegítimas, los dejaban en libertad.

Ocurrió así, hasta que le tocó el turno a mi sobrino, quien se encontraba en el lugar, con su hermano utilizando el vehículo de su madre – que se lo había prestado para que fuera a comprar hielo y unas bebidas -, mi sobrino no hizo sonar la alarma, sino que, se acercó al vehículo, se metió, lo encendió y arrancó. En ése momento, fue emboscado por funcionarios policiales que dispararon en su contra, en tantas ocasiones, que ni siquiera fue posible contar los disparos que tenía su vehículo. Lo cierto, es que, más de doce (12) disparos impactaron en su humanidad, los funcionarios le cegaron la vida, recibiendo entre múltiples disparos, uno en particular, un disparo a saña en la cabeza cuando ya estaba muerto. Su hermano fue testigo, andaban juntos, grabó todo, pero logró huir con cuatro (04) heridas de arma de fuego en su cuerpo.

Apenas recibida la noticia todo nos resulto irreal, no sabíamos cual debía ser la prioridad, volver a ver a nuestros familiares o exigir una explicación a la desproporcionada acción policial: dos (02) jóvenes frente a más de veinte (20) funcionarios armados, con los rostros cubiertos (encapuchados), con armas largas, cortas, semi y automáticas. En fin, se podría decir, una actuación ilegítima de los cuerpos del Estado, propio de un ajusticiamiento extrajudicial durante un procedimientos policial, sin derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, a la defensa, ni a la justicia, exceso a todo evento de la fuerza y el poder de la justicia.

Esta clase de acontecimientos, desde hace un buen tiempo, son prácticas comunes de los órganos de seguridad del Estado, se arrebatan de forma instantánea todas las garantías y principios constitucionales, y éstos toman la justicia por sus propias manos, se convierten en Juez, jurado y verdugo, en donde el único veredicto es «la muerte». Luego, los propios funcionarios policiales que ajustician extrajudicialmente a las personas, llegan al lugar del suceso y completan su actuación violatoria de normas nacionales e internacionales, y crean el escenario perfecto para simular un supuesto enfrentamiento con supuestos delincuentes, que nunca existió.

A los días de este hecho, ocurrimos al Ministerio Público, para pedir una Medida de Seguridad a favor de mi sobrino. Nunca fue procesada. La inacción del organismo fue tan despiadada, que para poder otorgar una Medida de Seguridad para proteger la vida de mi sobrino nos pidieron ratificar la solicitud de Medida de Seguridad, pero en esa ocasión, ya era muy tarde, fuimos al Ministerio Público con el Acta de Defunción, la vida se perdió entre los formalismos ministeriales. Unos funcionarios policiales habían amenazado con acabar con la vida de ese testigo. Nosotros asumimos los riesgos, y resguardamos a mi sobrino con los pocos recursos que contábamos, cambiándolo de ubicación constantemente, y paralelamente, exigiendo la intervención de la Fiscalía, pues estábamos frente a un hecho inminente de exterminio de un testigo para cerrar ese circulo de una investigación que culminó en un ajusticiamiento extrajudicial (cero testigos).

En el año 2015, ese sobrino sobreviviente de 20 años, se encontraba en una fiesta privada, en una casa, una situación común que podían hacer los jóvenes en este país. Solo quedaban algunos muchachos, era alrededor de las 4 o 5 de la mañana, estaban jugando PlayStation, oyendo música, riendo, contando tonterías de jóvenes. Cuando llegó de sorpresa una emboscada de funcionarios policiales con los rostros cubiertos (encapuchados) y armas de todas las características posibles. Se apoderaron de todo objeto de valor que encontraron. Golpearon y humillaron a todos los presentes, agarraron a dos  (02) jóvenes de casi diez (10) que estaban en el lugar, entre ellos, uno era mi otro sobrino, le preguntaron su nombre, al responder, le pusieron una pistola automática (Glock) en el pecho y le dispararon. Mi sobrino se movió instintivamente y le dieron otro disparo en el estómago, tomaron su cuerpo, lo lanzaron en unos matorrales en la parte trasera de la casa, hicieron unos disparos al aire, gritaron “quieto quieto es la Policía”. Hubo un silencio sepulcral y amaneciendo, todos los sobrevivientes, estaban detenidos, el cuerpo de mi sobrino y el del otro joven los recogerían de los matorrales. Cuando nos entregaron el cuerpo, a los tres (3) días, no pudimos velarlo, ni vestirlo siquiera, no se podía tocar su cuerpo porque estallaría, así lo manifestaron los de la funeraria.

Mi hijo fue testigo de ambos hechos, tenia 16 y 17 años de edad en cada situación, tuvimos que sacarlo de la capital y enviarlo a otro Estado, temíamos que tendría el mismo fin de sus primos. La conmoción, el dolor, la angustia se apoderó de nosotros, que siquiera intentamos ocurrir a ningún ente público para tratar de obtener una medida de protección como testigo. Tuvimos que ocultar a mi hijo de estos ejecutores del Estado, mi familia asumió la obligación de protección y seguridad a la vida y la libertad que debía procurar el Estado, ya no nos importaba lograr justicia, sino, alargar su vida.

Nunca volvió a ser el mismo, luego de esos dos homicidios, se deprimió y se aisló de la sociedad, no ha querido estudiar, ni trabajar, ni ha querido recibir ayuda de un especialista. No existe consuelo, ni consejo, que pueda ayudarle, por el contrario, se desvió del camino que se le demarcó, y ha resultado casi imposible evitar el odio que siente hacia los funcionarios policiales y en contra de la sociedad, incluso, hacia las instituciones encargadas de velar por nuestra seguridad. Sin ser una persona acaudalada económicamente, y más bien, con muchas limitaciones y carencias, se hicieron esfuerzos para encaminarlo, y hasta la fecha, no ha sido posible.

Hoy en día, cuando me falta un año para concluir mi carrera de Derecho, a los 45 años de edad, cuento que perdí a mi único hermano y mis dos únicos sobrinos por ejecuciones extrajudiciales perpetradas por funcionarios policiales y la falta de celeridad y diligencia del Ministerio Público en la aplicación de medidas de protección a testigos, pero también, cuento que perdí a mi único hijo varón, de apenas 19 años, y es tan poco lo que puedo hacer para cambiar lo que pareciera ya estar escrito en las páginas de nuestras vidas, pues, en un país donde no se garantiza siquiera la evolución de una sociedad hacia el futuro… que se puede esperar?.

Mi familia se quedó en las armas de fuego del hampa, y de funcionarios policiales venezolanos (no muy distintos al hampa), que como regla y no excepción, violan los derechos fundamentales de las personas sin ningún tipo de control. Esta experiencia, es un espejo que sirve de vivo ejemplo para el conocimiento de nuestra sociedad y el entendimiento de la deshumanización de las instituciones públicas, pero también, del como los propios funcionarios pulverizan los postulados constitucionales de un país, colaborando en el hundimiento de una crisis existencial indetenible que se ha convertido aceleradamente en un deterioro sistemático de la sociedad.