Using the KTM Motorcycles brand, property rights could result violated and even incur in judicial corruption.

por | 1/Mar/2018 | Opinión

In a research work on the serious situation of the administration of justice in Venezuela, came to our knowledge the information about a judicial case in in which, with the use of the well-known KTM motorcycle brand, there could be a violation of property rights, access to a brief and impartial justice and even judicial corruption. We contacted the attorney Roberto Hung Cavalieri, who is the lawyer in the case and explained that it is a legal action for a lease on a property and that it was done with the representation of the brand in the country, and for that special reason is that the owner agreed to rent the property  .

 

Among the conditions of the lease, originally the monthly payment was equivalent to 5,000.00 dollars. The property and product of the lease is the main family income. Although during the execution of the contract the government implemented rigid currency exchange control, the famous brand representative stopped making the payments due according the value of the lease which constitutes and breach of contract, forcing the owner to file an action against the firm.

 

It is pointed out that, despite the fact that the lawsuit is now more than 6 years old since it was started, the end of the legal action has not been reached, and in that comments from the corridors of the courts it is indicated that their lawyers pointing out that being representatives of the trademark they would have even paid sums of money to judicial officials to delay the process.

 

The lawyer affirms that currently the company and the brand continue to use the property and intends to remain as alleged tenants paying a sum that would barely represent about 25 cents, which in addition to constituting a serious break in the economic equilibrium of the contract, it is a violation of the right to property, and if could be verified that the brand and those who claim to act on their behalf have interfered in delaying the judicial process and influencing the decisions, in addition to the responsibility that may be demanded, speaks very bad commercially of an international brand, that in order to maintain a presence in a country, allows its representatives to engage practices that are not very legitimate, in which, beyond the consequences on the contractual relationship, other actions must be analyzed against the improper use of the trademark and its respectability to commit abuses to the detriment of third parties.

 

Con la marca KTM Motorcycles se estaría violando derecho de propiedad e incluso incurriendo en corrupción judicial.

 

En un trabajo de investigación sobre la grave situación de la administración de justicia en Venezuela, llegó a nuestro conocimiento la información sobre un caso judicial en Venezuela en el que con uso de la conocida firma de motocicletas KTM, se estarían violando derechos de propiedad, acceso a una justica breve e imparcial y hasta incluso corrupción judicial, contactamos al abogado Roberto Hung Cavalieri, quien es abogado en el caso y explicó que se trata de una acción judicial por un contrato de arrendamiento sobre un inmueble y que se hiciese con la representación de la marca en el país, y que fue ante tal especial condición de la marca que se accedió a la celebración del contrato.

 

Las condiciones eran la de un canon de arrendamiento equivalente para la época de 5.000,00 dólares, inmueble y producto de su arrendamiento es el ingreso familiar de sus propietarios, y que si bien luego de la celebración del contrato en el país se implementó un control de cambio, la empresa representante de la afamada marca dejó de apagar los ajustes necesarios lo que constituye incumplimiento y falta de pago, ello obligó al propietario a demandar el desalojo.

 

Se señala que no obstante la demanda tiene ya más de 6 años desde que se inició, no se ha llegado al final de la acción judicial, y en la que comentarios de pasillos de tribunales se señala que sus abogados señalando que siendo representantes de la marca habrían incluso pagado sumas de dinero a funcionarios judiciales para retrasar el proceso.

 

Afirma el abogado que actualmente la empresa y la marca siguen haciendo uso del inmueble y pretende mantenerse como supuestos inquilinos pagando una suma que a duras penas representaría cerca de 25 centavos de dólar, lo que además de constituir una grave ruptura del equilibrio económico del contrato, es una violación al derecho de propiedad, y de verificarse que la marca y quienes dicen actuar en su representación hubiesen interferido en retrasar el proceso e influir en las decisiones, además de la responsabilidad que pudiera exigirse, habla muy mal comercialmente de una marca internacional, que con la finalidad de mantener una presencia en un país, permite que sus representantes incurran en prácticas poco legítimas, en las que más allá de las consecuencias sobre la relación contractual, deben ser analizadas otras acciones contra el uso indebido del signo marcario y su respetabilidad para cometer abusos en perjuicio de terceros.

 

A la presente fecha hemos intentado obtener a través de las direcciones de la página web de la firma KTM y KTM Group una dirección de correo correspondiente a su departamento legal o de  reclamos y ello no  existe, esperemos que puedan ofrecer una respuesta satisfactoria a sus seguidores y usuarios que no comparten prácticas de esta clase, en la que se permita que haciéndose uso de su conocido renombre comercial pudieran estar violando derechos e incluso incurriendo en actividades de corrupción judicial, que como se originase en la causa particular, la relación jurídica que antecede a los daños efectivamente resultó considerando la seriedad y responsabilidad de ese nombre comercial.

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Abogado Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, Venezuela; Especialista en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Monteávila, Caracas, Venezuela; Magister en Derecho Económico Europeo. Université de Droit, d’Economie et des SciencesD’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, Francia; Maestrando en Derecho Procesal Constitucional. Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Argentina. Profesor Universidad Católica Andrés Bello y Universidad Monteávila. Director del Centro de Investigación y Promoción de Cultura Jurídica y miembro del Consejo Editorial de la Revista Electrónica de Investigación y Asesoría Jurídica de la Asamblea Nacional de Venezuela.